Las agencias y oficinas antifraude de España recibieron en 2023 un total de 221 denuncias por irregularidades en procesos de contratación pública, según ha informado la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), María Luisa Araújo, durante su comparecencia este martes en el Congreso.
El organismo, adscrito al Ministerio de Hacienda y en funcionamiento desde 2018, presentó ante la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas su informe anual de actividad correspondiente al año 2023.
Además de las denuncias, durante el ejercicio se tramitaron 4.799 recursos especiales en materia de contratación, una figura que permite impugnar decisiones en procesos de licitación. Sin embargo, el 30% de estos recursos fueron inadmitidos o archivados, algo que, en palabras de Araújo, puede reflejar «un cierto abuso» del mecanismo, aunque también destacó que muchas impugnaciones fueron estimadas, especialmente en la fase de adjudicación.
La contratación pública representa el 11,55% del PIB
Araújo ha subrayado que el gasto en contratación pública en 2023 ascendió a 107.558 millones de euros, lo que equivale al 11,55% del Producto Interior Bruto. Ese volumen se canalizó a través de 196.763 procedimientos de licitación.
Por sectores, las comunidades autónomas gestionaron el mayor volumen, con 43.507 millones de euros, seguidas del sector estatal con 36.510 millones y del sector local con 27.901 millones.
Sin respuesta sobre contratos con Huawei
Durante la misma sesión, la comisión abordó también la solicitud de información sobre los contratos públicos suscritos con la empresa Huawei entre 2020 y 2025. No obstante, la presidenta del organismo ha señalado que la OIReScon carece de competencias para informar sobre ese asunto, por lo que no se aportaron datos al respecto.