El Gobierno de España ha ultimado una nueva orden ministerial que marcará el inicio de un cambio radical en el sector de las telecomunicaciones. Este paquete de medidas está diseñado para luchar contra las estafas telefónicas y el fraude mediante SMS, y tendrá un impacto directo en las operadoras de telecomunicaciones y las empresas que utilizan números móviles para contactar con los usuarios.
Entre las reformas más relevantes, destaca la prohibición de las llamadas comerciales desde números móviles. Esta medida, que entrará en vigor a los tres meses de la publicación de la orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca frenar una de las principales técnicas utilizadas por los estafadores: suplantar identidades a través de números móviles, a menudo para obtener datos bancarios y personales de los usuarios.
El secretario general de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital, Matías González, ha señalado que esta práctica de fraude se ha incrementado en los últimos años, y que la regulación de las llamadas comerciales a través de números móviles es crucial para garantizar la protección del usuario.
A lo largo de los tres meses de plazo entre la entrada en vigor de la normativa y su implementación obligatoria, las operadoras deberán adaptarse para realizar llamadas comerciales solo desde números geográficos o desde líneas específicas como las 800 y 900, números gratuitos que hasta ahora solo podían recibir llamadas.
Además, el paquete de medidas contempla que los operadores de telecomunicaciones deberán bloquear las llamadas y mensajes provenientes de numeraciones que no estén registradas o asignadas a ningún servicio. Esta iniciativa busca eliminar los números fraudulentos, especialmente los que simulan ser españoles, pero provienen de fuera del país.
A largo plazo, se implementará una base de datos que permitirá verificar los códigos alfanuméricos usados en SMS comerciales. Esta medida, que entrará en vigor dentro de 15 meses, ayudará a identificar y prevenir los intentos de suplantación de identidad por parte de empresas o administraciones públicas.