Tras conocerse la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley que reduce la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, las organizaciones agrarias (Asaja, UPA, COAG) se han apresurado a manifestar cuáles serán las consecuencias que esta medida conllevará en toda la cadena alimentaria.
Todas ellas han coincidido en pedir flexibilidad para adaptar a las necesidades del campo la reducción de la jornada laboral, mientras que el sector hostelero ha estimado que su facturación caerá un 3% por la reducción de jornada, hasta los 5.099 millones de euros menos.
La organización agraria Asaja, vinculada a la CEOE, se ha mostrado claramente en contra de la medida, que a su juicio supondrá un «grave impacto» en la agricultura.
Asaja ha señalado que esta medida se ha impuesto «sin tener en cuenta» las particularidades del sector agrario y sin consenso con la patronal, lo que generará «serias dificultades» para las explotaciones agrícolas y ganaderas en todo el país».
Su presidente, Pedro Barato, ha manifestado que «dejará al sector en una situación muy complicada, ya que actualmente ya sufre una grave falta de mano de obra en las explotaciones y campañas agrícolas».
También, el responsable de Relaciones Laborales de COAG, Andrés Góngora, ha insistido en que su organización está a favor de que se mejoren las condiciones de vida de los trabajadores, si bien cree imprescindible «una negociación específica» para el campo al ser un sector que tiene unas «jornadas muy peculiares».
Ha recodado que el campo, tanto en agricultura como en ganadería, tiene jornadas cambiantes por campañas y están muy vinculado a la climatología, por lo que su horario cambia todo el año.
Asimismo, ha subrayado que en sectores muy intensivos en mano de obra como el hortofrutícola va a derivar de manera «inevitable» en los costes de producción.
Fuentes de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) han detallado que trabajan junto a sus trabajadores y trabajadoras en el modelo familiar de explotaciones agrarias y que el campo requiere una flexibilidad que debe ser tenida en cuenta.
Además, han destacado que el incremento de coste que derivará de esta medida debe poder repercutirse con total naturalidad en la cadena alimentaria.