La actual situación del viñedo para vino a nivel europeo, con una crisis de mercado que amenaza la supervivencia de muchas explotaciones y que obliga al arranque de viñas para rediseñar la oferta según las nuevas demandas del mercado, ha hecho que las organizaciones agrarias se movilicen para reclamar ayudas al Ministerio de Agricultura y una postura acorde a nivel europeo.
En este sentido, la pasada semana el ministro de Agricultura, Luis Planas, se mostró contrario a dichas ayudas, decisión que ha provocado la indignación en el sector vitivinícola.
Concretamente, desde COAG, ante el descarte de ayudas estatales para el arranque de viñedo, sin abrir un proceso de diálogo previo con las organizaciones agrarias, ha declarado que esta decisión «pone en riesgo de abandono a más de 95.000 hectáreas de viñedo, el 10% del total» de las 950.000 hectáreas de viñedo que hay en España.
Según han informado las organizaciones agrarias, «el pasado 12 de septiembre, Asaja, COAG y UPA, remitimos al Ministerio de Agricultura un documento consensuado de medidas para salvaguardar el futuro de los viticultores españoles, medidas que cuentan con el respaldo del conjunto de los integrantes de la Interprofesional del Vino de España».
El objetivo de estas medidas es limitar la producción para evitar la sobreoferta y adecuar la producción a la demanda. Las organizaciones agrarias denuncian que el ministro no haya respondido a su propuesta y que acuda a Bruselas con una postura que no cuenta con el consenso del sector.
“No ha habido respuesta y nos encontramos estas declaraciones a la prensa sin diálogo previo para marcar la postura española en Bruselas. Planas a ha dinamitado la negociación cuando se está negociando con la Comisión Europea un paquete de medidas específico. De hecho, Francia ya ha iniciado un programa para arrancar 30.000 hectáreas, (5% superficie), para lo que la UE le ha autorizado a disponer ayudas estatales por valor de 120 millones, (4.000 euros por hectárea)”, ha precisado, Joaquín Vizcaino, responsable del sector vitivinícola de COAG.
Las propuestas del sector incluyen una ayuda financiera al arranque de viñedo, independiente de su posterior replantación o arranque definitivo. “No se trata de un arranque masivo. Queremos que sea una medida quirúrgica en determinadas zonas, especialmente en aquellas con serios problemas en las variedades tintas cuya demanda ha caído de forma significativa en los últimos años por un cambio en las tendencias de consumo”, ha subrayado Vizcaino.
Asimismo, se propone que después de un período mínimo de tres años y en un plazo máximo de seis años, los productores tengan la posibilidad de replantar las mismas superficies que han sido objeto de arranque, accediendo a una ayuda financiera.
Tras el periodo máximo de 6 años, las OPA proponen que, si el agricultor decide no replantar, se le asigne una compensación económica definitiva. Esta compensación podría sufragarse con fondos de la UE, de la Intervención Sectorial Vitivinícola que no se hayan ejecutado o de los Estados Miembros. Asaja, COAG y UPA proponen también limitar los potenciales productivos de los viñedos.
Coag han pedido a la Comisión Europea la prohibición de nuevas autorizaciones de plantación para tres años: 2025, 2026 y 2027. Creen que una medida de este tipo pondría en pausa el aumento del viñedo europeo, evaluaría la evolución del mercado y daría un tiempo a los Estados y a los productores para replantearse sus estrategias nacionales.
Tanto la medida del arranque, como la reestructuracion en diferido, se deben entender según Coag como medidas de control productivo en momentos de cambio estructural. “No son medidas aisladas, van incluidas en el paquete en el que proponemos otras flexibilidades, como el aumento de 3 a 8 años en la caducidad de las Autorizaciones de plantación para que el productor no tenga prisa por plantar por perderlas, o flexibilidades en las ayudas de promoción en terceros países. En definitiva un conjunto de medidas que nos permitan adaptarnos a los cambios de mercado actuales y futuros”, ha apostillado el responsable de COAG.
En la misma linea, UPA ha mostrado su sorpresa sobre la negativa de Planas al arranque social solicitado por buena parte del sector vitivinícola y muchas provincias productoras.
«Es la única salida que ven algunos viticultores profesionales y esta circunstancia, no lo olvidemos, no es sencilla para ningún agricultor”, ha indicado Alejandro García-Gasco Alcalde, responsable de Vino de UPA, quien ha insistido en que se solicitó tanto en Bruselas, como al Ministerio de Agricultura y a diferentes Consejerías de Agricultura, debido a que son muchas las voces del sector que lo están pidiendo.
Entre los factores para el arranque están los efectos de la climatología sobre muchas regiones, que han provocado la muerte de la planta en algunos casos, y la crisis de consumo en términos generales, a la que se une el parón de precios por parte de la industria.
UPA reclama el arranque social, con fondos extraordinarios para una medida que se considera extraordinaria. Por esta razón, pide al ministro de Agricultura que reconsidere una posición, «que debería consensuarse con el sector y las organizaciones agrarias».
El responsable de Vino de UPA, Alejandro García-Gasco Alcalde, incide en que “esta medida la hemos solicitado a todos los niveles. Consideramos que no se deben crear agricultores de primera y de segunda, sino que haya un mismo trato para todos los viticultores que sufrimos la crisis de rentabilidad. Este arranque debe ser subvencionado con fondos extraordinarios, para paliar la crisis de viticultores profesionales y pequeñas y medias explotaciones”.
Por otro lado, UPA ha mostrado su decepción y lamenta que en el Real Decreto aprobado y publicado esta semana, modificando determinados aspectos de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) en la PAC, no se haya tenido en cuenta ninguna de las tres cuestiones que propusimos desde UPA y que son de gran interés para la viticultura familiar: una medida de ayudas para las inversiones en las explotaciones vitícolas (tal y como posibilita la reglamentación comunitaria); una condicionalidad para que se excluyan del beneficio de las diferentes ayudas de la ISV (entre ellas las relativas a las inversiones en bodegas o a la promoción de vino a países terceros) a aquellos solicitantes que tuviesen una sentencia en firme por incumplimiento de la Ley de la Cadena alimentaria, y la ampliación de acciones con ayudas para la prevención por daños causados por los conejos en el viñedo.