La propuesta de subida de cuotas a autónomos a partir de 2026 ha reactivado las críticas del colectivo, que reclama ampliar sus derechos de protección social antes de continuar con el calendario previsto en el acuerdo firmado en 2022 para cotizar por ingresos reales.
En lo que va de año, se han presentado 11.501 solicitudes para acceder al cese de actividad, equivalente al paro, de las cuales solo 5.295 fueron favorables frente a 6.786 denegadas y 245 desistidas, lo que supone que el 60% han sido rechazadas, principalmente por no poder acreditar el cierre efectivo del negocio.
ATA, UPTA y UATAE reclaman acceso a subsidios y permisos laborales
Las tres principales asociaciones (ATA, UPTA y UATAE) coinciden en que el sistema actual deja «vacíos de protección» que no se han resuelto. Solicitan no solo reformar el cese de actividad, sino también acceso a permisos por lactancia, subsidio para mayores de 52 años, bajas por fallecimiento de familiares o por condiciones climatológicas extremas, y que se reconozcan las lagunas de cotización.
“Pretenden que coticemos por un Ferrari y tengamos derechos por un Panda”, afirmó el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en declaraciones a RNE. Amor insiste en que “ni en la Ley ni en el acuerdo de 2022 se contempla un incremento de cuotas” y que el foco debe estar en mejorar la protección, no en aumentar la carga.
UPTA, por su parte, ha advertido de que cuando un autónomo recurre una resolución desfavorable de cese, queda dado de baja en la Seguridad Social, perdiendo el acceso a asistencia sanitaria, jubilación, incapacidad o prestaciones por fallecimiento, lo que agrava su vulnerabilidad. Propone que mientras el recurso no sea firme, se mantenga el acceso a esas coberturas.
El Gobierno defiende que las nuevas cuotas mejorarán las prestaciones
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido esta semana que la subida de cuotas forma parte del modelo progresivo hacia cotización por ingresos reales, aprobado en 2022, que busca equiparar la protección de los autónomos con la de los asalariados.
Saiz ofreció ejemplos de los efectos de ese cambio: un autónomo con ingresos medios que accediera al cese de actividad podría pasar de cobrar 670 euros mensuales a 1.360 euros, y en el caso de un permiso por nacimiento, de 970 euros a 1.940 euros.
Pese a ello, el Ministerio reconoce que el cese presenta requisitos legales “demasiado estrictos” y se ha abierto a modificar los umbrales de pérdidas, establecer prestaciones extraordinarias en emergencias y adaptar el modelo para autónomos del campo o el mar, aunque por el momento sin detalles concretos.
Negociación abierta, sin avances aún en derechos adicionales
La mesa de negociación entre el Ministerio y las asociaciones de autónomos continuará trabajando en los próximos meses, con una primera propuesta de cuotas sobre la mesa, pero sin abordar todavía los temas de fondo planteados por las organizaciones.
Mientras tanto, las asociaciones alertan del riesgo de aplicar una subida sin ampliar derechos, lo que podría aumentar el descontento en un colectivo de más de 3,3 millones de trabajadores que ya ha asumido una transición fiscal y contributiva en 2023, 2024 y 2025 bajo el nuevo modelo de 15 tramos según ingresos netos.