La incorporación de los derechos de emisiones de la Unión Europea al comercio del transporte marítimo supondrá un sobrecoste de 99 millones de euros en 2025 y de 142 en 2026 para el sector mercante, según un informe elaborado por la firma internacional especializada en el sector portuario Ocean Capital Partners (OCP).
Estos derechos de emisiones conllevarán en opinión de la filial de consultoría de OCP, Ocean Infraestructures Management, la «fuga» del tráfico portuario desde España hacia puertos del norte de África, como Argelia y Marruecos, o fuera de la UE, como Reino Unido y Noruega.
Es el riesgo que corren los puertos nacionales en el caso de que las flotas mercantes decidan no asumir los costes que representan estos derechos de emisiones europeos.
Así ha ocurrido con la naviera danesa Maersk, que ha decidido prescindir del puerto de Algeciras (Cádiz) en su ruta comercial entre India y Estados Unidos, trasladando la escala al puerto de Tanger Med, en Marruecos.
Según fuentes de la multinacional, el cambio se ha llevado a cabo con el objetivo de mejorar los tiempos de tránsito en un promedio de cinco días. Pero se produce justo cuando los puertos del sur de Europa vienen alertando del peligro de desvíos de tráficos comerciales y de clientes como consecuencia de la nueva carga impositiva a las emisiones de buques de la Unión Europea (ETS -Emissions Trading Systems- por sus siglas en inglés).
La incorporación del transporte marítimo al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) de la UE, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en este sector, obliga a las navieras desde 2024 a pagar por el 40 % de sus emisiones de dióxido de carbono de los buques mercantes de más de 5.000 toneladas, un porcentaje que aumentará al 100 % en 2026, cuando incluirá también óxido nitroso y metato.
El Reglamento (UE) 2023/957 incorporaba las actividades de transporte marítimo al régimen para el comercio de derechos de emisión en la Unión Europea. Esta circunstancia ha supuesto una pérdida de competitividad para los puertos europeos, especialmente los mediterráneos españoles, que «enfrentan la competencia de instalaciones cercanas con infraestructuras avanzadas pero sin regulaciones estrictas sobre emisiones», advierte la consultora en su informe.
«Si consideramos las principales rutas marítimas tipo de llegada a España a partir de 2026, con la obligación de cubrir el 100 % de los ETS, el sobrecoste total para todos los buques que ingresen a puertos españoles será de alrededor de 142 millones de euros», estima OCP.
En la fase de implementación gradual, el sobrecoste se estima en casi 51 millones de euros para el año 2024 (con un pago del 40 % de los ETS) y en más de 99 millones de euros en 2025 (con un pago del 70 % de los ETS), añaden.
Para paliar estos gastos, indica la consultoría, los principales operadores de portacontenedores han introducido un ‘Recargo de Emisiones’, con tarifas que oscilan desde unos 7 euros por contenedor en rutas desde el sudeste asiático al sur de Europa y hasta 228 euros por contenedor en rutas entre Europa y África Occidental.
El informe alerta de que la normativa ETS «puede generar un efecto contrario al deseado», ya que la reconfiguración de rutas para evitar escalas en puertos de la UE «requerirá más barcos para mantener el mismo servicio, lo que aumentará las emisiones» y «existe la posibilidad de que las emisiones se desplacen a otras regiones en las que la normativa es más flexible o que el volumen de gases de efecto invernadero aumente debido a la relocalización de tráfico».
Para que esta normativa se convierta en «una oportunidad» y no en un «riesgo» para el sector, el informe plantea la necesidad de flexibilizar los porcentajes futuros para facilitar la adaptación del sector portuario a los nuevos requisitos.
«Algunos expertos plantean que, en lugar de aplicar tasas elevadas, la Comisión Europea podría considerar alternativas más eficientes y económicas para reducir las emisiones de CO2 en el transporte marítimo», como impulsar la producción y el uso de combustibles renovables en los motores convencionales de los buques, algo que «resultaría más rentable y de rápida implementación».
La electrificación de muelles, que permitirá a los barcos apagar motores auxiliares al atracar, es otra de las soluciones que pone sobre la mesa el informe. Además estima que el Gobierno «debe avanzar en la estrategia anunciada para descarbonizar el sector marítimo, que previsiblemente incluirá un programa de ayudas destinado a impulsar la reducción de emisiones».