Las conversaciones intervenidas a los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso, según han declarado en la segunda sesión del juicio los agentes de la Guardia Civil en el marco de la rama murciana del caso ‘Púnica’, evidencian que cobraron con dinero público trabajos de mejora de la reputación del entonces consejero de Turismo, Juan Carlos Ruiz, a través de contratos elaborados por los propios empresarios.
En la Audiencia Nacional, ha comparecido como testigo el cabo primero de la Guardia Civil, miembro de la UCO que participó en las entradas y registros en las empresas y residencias del empresario Alejandro de Pedro, el conseguidor de los contratos de reputación para el PP. El agente de la UCO realizó el seguimiento de todas las intervenciones telefónicas que se le realizaron en el marco de la trama.
El agente ha explicado con profusión de detalles y durante más de dos horas que en las empresas Eico y Madiva, propiedad de De Pedro, se halló numerosa documentación sobre los clientes a los que las compañías hacían trabajos de mejora de imagen y reputación online, entre los que figuraban el ex consejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia, investigado en este procedimiento.
Junto a él, se sientan en el banquillo el que fuera su jefe de Gabinete, José Fidel Saura, y el secretario general de su Consejería, Jesús Norberto Galindo, así como la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez.
Están también investigados el propio De Pedro y el también empresario y ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso, que los dos agentes que han testificado hoy han definido como socios; el hermano de este, también empresario, Agustín Alonso, y los empleados de Eico, Sara Gargallo y Francisco Javier Bueno.
Para este cabo de la Guardia Civil, con más de 18 años de experiencia en la investigación de delitos económicos, las conversaciones telefónicas intervenidas a De Pedro en el marco de la operación “son muy claras” y no dejan lugar a dudas sobre la forma de operar de la trama, pues en ellas, los interlocutores “explican sin ningún tipo de tapujos” cómo procedían para saltarse las reglas de la contratación pública y acceder a contratos con la administración.
Así, en base a esas conversaciones, ha explicado que De Pedro y Alonso ofrecían a cargos políticos trabajos de mejora de su reputación online para ganarse así su confianza y poder acceder luego a otros contratos públicos de mayor cuantía, para sus propias empresas o para las de terceros, llevándose por ello comisiones.
Para hacer los trabajos de mejora de la reputación, elaboraban contratos “con apariencia de legalidad” en los que eran los propios empresarios, y no la administración, los que fijaban el importe a pagar, tras lo cual ellos mismos elaboraban y presentaban varias ofertas, sabiendo previamente cuál sería la adjudicataria, cargando así a las arcas públicas los trabajos personales realizados para el político.
“En los 18 años que llevo en la UCO, pocas veces he visto hablar tan claro sobre cómo se hacían los contratos”, ha subrayado el agente.
En el caso investigado en este juicio, una de las doce piezas de las que se compone el caso Púnica, el agente ha defendido que De Pedro y Alonso, al que considera “parte principal” en el caso por ser quien daba habitualmente las instrucciones sobre cómo proceder, gestionaron a través de José Fidel Saura y Mariola Martínez un acuerdo para mejorar la reputación en la red de Juan Carlos Ruiz, consejero de Turismo desde 2014.
En una de las conversaciones intervenidas, el jefe de Gabinete del consejero le explicaba a De Pedro la urgencia de esos trabajos porque, en aquel momento, Ruiz quería optar a ser el candidato del PP a la presidencia de la comunidad autónoma en las elecciones de 2015, un cargo que le disputaba otro consejero, Pedro Antonio Sánchez, que ocupaba la cartera de Cultura.
Sánchez, que finalmente llegó a ser presidente regional, también estuvo investigado en otra pieza de la Púnica por haber mantenido contactos con De Pedro y Alonso con el mismo fin, aunque finalmente fue absuelto por falta de pruebas en abril de 2019.
Para llevar a cabo los trabajos de mejora de la reputación de Ruiz, los empresarios investigados, según se desprende de las llamadas intervenidas, ha explicado el agente, propusieron sacar un contrato a través del Instituto de Turismo para captar visitantes británicos atraídos por los deportes náuticos.
El pliego incluía la contratación de un periodista y la creación de un portal digital en Molina de Segura, un requisito que habría impuesto la directora de ese organismo por su amistad personal con el alcalde de la localidad.
El agente ha relatado que en el informe de pre-venta y de percepción inicial elaborado por los empresarios para este contrato se mencionaba expresamente que “el diario de Molina del Segura entra dentro de la estrategia para presidente de la Región de Murcia del consejero Juan Carlos Ruiz”, lo que evidencia que el contrato que licitó el Instituto de Turismo no tenía como objeto real la promoción de la región, sino del propio consejero.
El agente ha recordado que en paralelo se tramitó también otro contrato en los mismos términos ligado al Instituto de Fomento, que suponía la creación de tres diarios digitales, y que no llegó a licitarse porque un funcionario del organismo planteó objeciones que retrasaron el procedimiento, y la operación policial estalló antes de que se materializara esa contratación.
La defensa de Juan Carlos Ruiz ha tratado de cuestionar que la creación de un periódico en Molina de Segura pudiera beneficiar la imagen del consejero, a lo que el testigo ha explicado que la creación de medios digitales, sin importar su ubicación, servía como plataforma para generar noticias positivas sobre el político.
Ha destacado asimismo la existencia de conversaciones telefónicas en las que los empresarios y el jefe de gabinete del consejero analizaban cómo presentar los contratos a los técnicos de la administración excluyendo las menciones a la reputación del consejero.
En la sesión de hoy ha declarado también el teniente de la Guardia Civil que dirigió la investigación general de esta trama, que se inició, ha recordado, por una petición de Suiza al detectar movimientos sospechosos de fraude en las cuentas del político madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, considerados cabecillas de la trama.
En una fase muy inicial de la investigación, se detectaron contactos entre Marjaliza y De Pedro que llevaron a pinchar su teléfono y a intervenir una conversación de este con Alonso el 22 de septiembre de 2014 en la que este recomendaba al primero pedir a Pedro Antonio Sánchez: “Páganos mucho, que te vamos a arreglar todo esto, y ábrenos la puerta a hacer otras cosas”.
La llamada, ha explicado, clarifica la forma de actuar de la trama, que se ganaba la confianza de los políticos a través de los trabajos de reputación online, para trata de “sacar provecho” y conseguir otros contratos con la administración pública.
En el caso de la trama murciana, el teniente ha sido contundente al afirmar que el precio de los contratos públicos lo determinaban los dos empresarios ante una “absoluta dejación de funciones de la administración”, ha declarado el agente de la UCO, ya que incluso los contratos de las licitaciones los elaboraban los empresarios.