El consejero de Fomento ha anunciado en la Asamblea Regional que la Comunidad prepara un nuevo decreto de vivienda en el que se contempla flexibilizar de manera «excepcional, transitoria y urgente» los planes generales de ordenación municipal para poder realizar edificios con viviendas asequibles.
Esta medida que Jorge García Montoro ha presentado en su comparecencia el Pleno de la Asamblea Regional para explicar, a petición del PSOE, la política de vivienda del Gobierno regional, responde las peticiones demandadas por el sector de la construcción regional. En su intervención, Montoro ha asegurado que los edificios con viviendas asequibles son más económicos que las casas adosadas en términos de construcción.
Asimismo, ha afirmado que esta medida conseguirá aumentar el parque de viviendas protegidas, eliminando la restricción marcada en determinadas parcelas de los planes de ordenación sin modificar su planeamiento para ampliar «de manera inmediata la oferta de hogares para jóvenes y familias de clase media».
El consejero ha apuntado que el objetivo de esta medida es construir «el mayor número de viviendas a menor precio y menor plazo» y que estas serán viviendas «asequibles a precios tasados».
Igualmente, ha manifestado que se declararán de urgencia todos los trámites vinculados a la ejecución del decreto ley, lo que permitirá «reducir los plazos a la mitad».
Esta normativa también contará con nuevos modelos residenciales como el co-housing y el co-living, viviendas colaborativas en las que los habitantes del edificio comparten áreas comunes, y que «es una modalidad muy demandada en colectivos como el de las personas con discapacidad».
Dentro de la política de vivienda regional, Montoro se ha referido al Aval de Vivienda Joven, una iniciativa regional, que ha dicho que ha sido copiada por el resto de comunidades autónomas y de la que ya se han beneficiado a 622 jóvenes de la Región.
En ese sentido, ha expuesto que se ha ampliado el crédito hasta los 16.250.000 millones de euros y se ha mejorado el acceso a este aval, modificando los requisitos de acceso, al aumentar la edad para acceder de 35 a 40 años, y el valor de la vivienda se aumenta hasta los 220.000 euros.
Del mismo modo, ha señalado que la Comunidad ha puesto en marcha medidas contra la okupación. «A falta de medidas estatales que atajen este problema, la Comunidad dispone de un servicio específico donde los ciudadanos tienen a su disposición un correo electrónico y una línea de teléfono para comunicar los casos contra la okupación de viviendas», ha recordado.
Entre otras medidas a las que ha hecho alusión durante su exposición destacan la compra de más de 143 viviendas por un importe de 11,8 millones de euros para ofrecer un hogar a aquellas familias que lo necesitan o la concesión de ayudas por un importe de más de 2 millones de euros para la construcción de 103 viviendas destinadas a alquiler asequible o cesión.
Según el consejero, se ha facilitado que 448 familias se hayan convertido en propietarias de la vivienda social, en la que han residido durante los últimos 25 años. Desde 2020 se han destinado más de 5 millones de euros a este fin.
Intervención de diputados
Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Miguel Ángel Ortega considera un «batiburrillo de ocurrencias» lo que ha expuesto el consejero ante el Pleno. Según ha dicho, en la Región se ha «normalizado que solo hay políticas públicas de vivienda cuando hay negocio de por medio, solo se toman decisiones para beneficiar a las empresas privadas y lo público solo sirve para confrontar, especialmente con el Gobierno de España».
El parlamentario ha echado en cara al consejero los resultados del aval joven. «Según los datos de su Consejería, a mitad del año 2024 había solo 305 beneficiarios del aval joven de los más de 3.000 que anunciaron«, ha dicho exponiendo que solo de 18 a 30 años hay en la Región 225.188 personas, «un ridículo 0,14% de los jóvenes de la Región se beneficiaron del aval joven».
El diputado de VOX Ignacio Arcas ha dicho que el «problema principal» tiene que ver con la transferencia a las comunidades autónomas de la competencia en materia de vivienda. Para él, el PP «le da la mano al Gobierno de Sánchez en los momentos más críticos» criticando la aprobación de la prórroga de medidas «nocivas que protegen a los inquiokupas«, señalando que esta medida no promueve un clima de seguridad jurídica para los propietarios.
Desde Podemos, María Marín ha criticado la política de vivienda del Gobierno regional que, según ha dicho, «es la del perro del hortelano, que ni hace nada ni deja hacer a los demás». Ella ha recordado que en los últimos cinco años el precio del alquiler ha subido un 23%, superando la media nacional, indicando que la situación es similar cuando se trata de la compra-venta de viviendas. Para ella, el Gobierno regional «desvía el foco del problema y boicotea cualquier medida del Gobierno de España».
Finalmente, el diputado del PP Antonio Landáburu ha advertido que la vivienda «se ha convertido en un reto para muchos españoles bajo la gestión del Gobierno nacional». Para él, en Moncloa «están más preocupados por ampliar sus propios patrimonios inmobiliarios que por solucionar los problemas de la gente».
El popular ha defendido la gestión del Gobierno regional en este aspecto, pero considera que los esfuerzos en la Región se ven «obstaculizados» por las políticas del Gobierno central, como la ley de Vivienda, de la que ha dicho que la ley no incentiva la oferta de vivienda, sino que «ha generado incertidumbre entre los propietarios y provocado una disminución de inmuebles disponibles para el alquiler».