La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha suspendido la pena de entrada en prisión impuesta a los siete empresarios que fueron condenados el pasado 11 de septiembre tras reconocer haber tenido sexo con menores de edad a cambio de dinero.
El fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga, ha mostrado su conformidad a la suspensión de la pena de seis de ellos, que habían reconocido entre uno o dos delitos de prostitución de menores en cada caso y se enfrentaban a penas que no sumaban más de 12 meses de cárcel. En estos seis casos, al haber conformidad de los acusados y el Ministerio Público, la suspensión de entrada en la cárcel se ha declarado firme.
Así, el fiscal solo se ha opuesto a la de Juan Castejón, que era el que acumulaba una mayor pena, de 25 meses de cárcel, al haber reconocido cinco delitos de prostitución de menores. En este caso, el representante del Ministerio Público anunció que presentará un recurso y la suspensión de la pena no es firme.
Cabe destacar que en el caso de Castejón, la pena máxima a a imponer sería de 15 meses por ser el máximo de cumplimiento que establece el Código Penal (el triple de la pena más grave).
Cabe recordar que este lunes tuvo lugar la primera de las vistas para examinar la petición de las defensas de suspender las penas de prisión. En ella, la Sala, presidida por el magistrado Álvado Castaño, suspendió la pena de entrada en prisión impuesta a cuatro de los siete empresarios y dejó en el aire la de una de las madames o ‘mamis’ implicadas, R.D.T., cuya situación quedó a expensas de ser resuelta por el tribunal, que quería analizar con más detenimiento las circunstancias de su caso.
Este martes, en la segunda sesión, estaban convocados otros cinco condenados: tres de los empresarios que eran clientes de la red de prostitución de menores y otras dos ‘mamis’.
En la puerta del Palacio de Justicia se ha reunido una veintena de personas para protestar al grito de «esto no es justicia, es impunidad»; «las niñas no se venden, las niñas se defienden»; «eran menores, empresarios violadores»; y «jueces y fiscales, cómplices». Además, han exhibido pancartas en las que se podía leer ‘Pederastas, queremos justicia’; ‘Justicia machista’; ‘Jueces cómplices’; y ‘El silencio nos hace cómplices. No impunidad’.
Uno de los empresarios condenados, Juan Martínez Fernández, no ha comparecido porque no tenía la obligación de hacerlo. Su abogado ha excusado la ausencia de su cliente, que ha afrontado convocatoria de plenos extraordinarios en su ayuntamiento convocada ‘ad hoc’ para abordar su caso y porque la situación es «insostenible».
Otra de las comparecientes este martes ha sido Nelly Paola Céspedes, quien ejerció también como ‘mami’ o madame y cuyo abogado ha solicitado la suspensión de su pena (seis delitos de prostitución de menores con pertenencia a organización a razón de dos años de cárcel por cada uno de ellos).
En este caso, el letrado ha recordado que el fiscal puso en su momento «la base» para suspender la pena reduciendo las penas y que, además, su clienta consignó el dinero para reparar el daño a las víctimas. Por ello, ha pedido que se aplique el máximo plazo para la suspensión de la pena, de cinco años, para que su defendida tenga que estar sin delinquir todo ese tiempo.
A este respecto, el fiscal ha recordado que Céspedes ha sido condenada por seis delitos y asumió 12 años de cárcel. A su juicio, no existen motivos para suspender la pena. «Todos los delitos merecen una reprochabilidad social y el tribunal tiene que partir de esa reprochabilidad social», según el representante del Ministerio Público, quien ha insistido en que «estamos hablando de seis delitos, no de uno o de dos».
Asimismo, el fiscal ha recordado que los condenados «violaron el ordenamiento jurídico» y ha señalado que «estamos hablando de menores de edad que tienen que evolucionar en su sexualidad libremente y sin coacción de terceros».
Finalmente, ha comparecido el empresario Juan Peque Álvarez, condenado por dos delitos de prostitución de menores, a un total de 10 meses de prisión, cuyo letrado ha pedido igualmente la suspensión de la pena y el fiscal no se ha opuesto «por coherencia», tal y como ha sucedido «en casos similares, toda vez que se reúnen los requisitos».
Peque Álvarez también ha tomado la palabra para afirmar que está «arrepentido» de todo lo que ha hecho. Por todo ello, la magistrada ponente ha suspendido su pena con la condición de que no vuelva a delinquir en los próximos dos años; que no se aproxime a las víctimas a menos de 500 metros; y la obligación de participar en programas de reeducación conductual en materia de sexualidad.
Para finalizar, la magistrada ponente ha hecho hincapié en que cinco de las víctimas han dicho expresamente que quieren conceder a todos los condenados «una segunda oportunidad» y que «no entraran en prisión». Otras dos víctimas «no fueron capaces de pedir» este extremo y dijeron que confiaban en la justicia, mientras que otras cinco dijeron que preferían la entrada en prisión.