Varias asociaciones, sindicatos y plataformas de personal público temporal han anunciado que llevarán a cabo una concentración estatal el próximo martes 7 de octubre una concentración estatal ante el Congreso de los Diputados en Madrid a fin de reclamar una «solución definitiva» para el abuso de temporalidad y la recuperación del personal cesado.
Dicha concentración se extenderá entre las 11.00 horas y las 15.00 horas, coincidiendo con una sesión plenaria en el Congreso, y se mantendrán reuniones con diferentes Grupos Parlamentarios.
En concreto, ha sido convocada, entre otras organizaciones, por la Plataforma de Afectados por la Función Pública, la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti), Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (Piltex) y la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (Aicafp).
Entre las organizaciones convocantes se encuentran también los sindicatos Federación de Trabajadoras de las Administraciones Públicas CGT (Fetap-CGT), Sindicato de Comisiones de Base (Co.bas), Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Por el Empleo Público de Aragón (Stepa), Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM), y Sindicato de Trabajadoras de la Administración Pública de Madrid-CGT (SAP-CGT).
Además, casi 70 asociaciones, sindicatos, colectivos como el de bomberos forestales, y movimientos ciudadanos como el sanitario, educativo o pensionista, han trasladado ya su apoyo a esta reivindicación, que viene «sólidamente fundamentada» en la normativa europea, con la Directiva sobre trabajado de duración determinada, y en numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La reivindicación central de esta movilización reclamará la tramitación inmediata de la Ley de Función Pública, u otra Ley específica, donde se incluya una solución que sirva tanto para el personal abusado en activo, como para recuperar a los miles de personas cesadas injustamente tras décadas de servicio público.
Sin embargo, han recalcado que el problema de la temporalidad en las administraciones públicas viene «de muchas décadas atrás y de gobiernos de distinto cuño político», que ha sido amplificado por administraciones autonómicas y locales «negligentes», que se han aprovechado de «tener trabajadores de segunda, eternamente temporales, ejerciendo tareas estructurales que hubieran debido de cubrirse de forma fija».
«La pasividad del Gobierno, unida al incumplimiento sistemático por parte de los tribunales españoles de la normativa europea, que es de obligado cumplimiento y de aplicación directa al no haberse traspuesto al ordenamiento español la Directiva mencionada, han agravado este problema», han expuesto.
El 9 de octubre habrá pronunciamiento de la UE sobre los interinos
Por otro lado, las organizaciones convocantes han recordado que el próximo 9 de octubre el Abogado General de la Unión Europea emitirá un informe acerca de una cuestión remitida por el Tribunal Supremo español en relación a los interinos.
Para las plataformas convocantes, este informe será «decisivo» para la postura que adopte TJUE sobre el problema de la temporalidad en las administraciones españolas, y posiblemente «lleve a nuevas sanciones al Estado español por incumplimiento de la normativa europea».