Se prolonga la incertidumbre sobre el futuro de la planta de Sabic en La Aljorra. Si hace un mes este periódico ya adelantaba que la alemana Mutares, su futura propietaria (si no se tuerce la operación) no tomaría una decisión sobre la misma hasta por lo menos entrado el verano, calculando que el proceso de compraventa podría culminarse a finales de junio, todo parece indicar que la situación se va a prolongar más todavía.
Según información oficial de Mutares, que celebra junta de accionistas el 3 de julio, a día de hoy la empresa no tiene previsto que la operación entre en las cuentas de este semestre, sino (como pronto) en las del próximo. Por tanto, la compraventa no se culminará este mes.
Y Mutares ya dijo que no tomaría decisiones hasta que fuera la propietaria de la planta, todavía legalmente en manos de Sabic.
Aunque la operación se acordó -y se anunció- en enero, este tipo de compraventas no se cierran de un día para otro. La adquisición debe superar el escrutinio de las autoridades de competencia y de control de inversiones extranjeras en varias jurisdicciones, cada una con sus plazos, sus requerimientos de información y sus ventanas de revisión. No se trata de comprar una empresa, sino de segregar una división industrial repartida entre varios países, lo que multiplica los permisos, las notificaciones y los visados regulatorios necesarios antes de poder firmar. En operaciones así, el calendario lo marca la autoridad más lenta, no la más diligente, y medio año entre el acuerdo y el cierre es un plazo más optimista que habitual.
Conviene recordar, además, que lo que cambia de manos es el paquete completo del negocio de termoplásticos de Sabic: ocho plantas repartidas entre América y Europa, de las que la cartagenera es solo una. Y que vayan juntas en la transacción -y esto lo ralentice todo- no significa que compartan destino. Una vez Mutares tome el control, el futuro de cada emplazamiento se decidirá por separado, en función de su rentabilidad y de su encaje en la estrategia del fondo: unos pueden reforzarse, otros mantenerse y otros afrontar recortes o el cierre. Que la compra sea única no implica, por tanto, un desenlace único; cada planta juega su propia partida.
Para los trabajadores de La Aljorra, ese deslizamiento se traduce directamente en más incertidumbre, porque Mutares ha condicionado cualquier decisión sobre la planta a tomar antes el control. Lo que está en juego no ha cambiado: alrededor de 500 empleos directos y cerca de 2.000 en las empresas auxiliares. A finales de abril, en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el director de inversiones de Mutares, Johannes Laumann, reconoció que el cierre total del emplazamiento está sobre la mesa y que se analizará cuando se consume la compra.
También surgieron en su momento en corrillos especializados rumores de que Mutares podría echarse atrás y cancelar la compraventa (del paquete completo), algo que la empresa desmintió en medios internacionales, asegurando que la operación marchaba según lo previsto.
Mientras, en Cartagena, el tiempo pasa. El comité de empresa, que ha encadenado asambleas y concentraciones, sostiene que el cambio de manos eleva el riesgo para el empleo y reclama respuestas que no llegan. El Ayuntamiento aprobó por unanimidad una declaración de apoyo a la plantilla y de rechazo al cierre de Lexan 1, recordó a Sabic y a Mutares que las administraciones cedieron gratis los terrenos y aportaron decenas de millones en subvenciones, y exige un diálogo inmediato con garantías de empleo o, en su defecto, un plan social pactado. El gobierno regional ha expresado su preocupación; el comité ha buscado además interlocución en Bruselas. Y Mutares ya afirmó, en declaraciones a EmpresasdeCartagena.com, que no iba a comentar nada mientras no hubiera una decisión definitiva, en especial tras el revuelo que causaron las declaraciones de Laumann en Alemania.
La paradoja es que el desenlace ya no depende de Sabic, que ha decidido salir pero sigue siendo legalmente el propietario de la planta, sino de un fondo que aún no manda oficialmente y que ha atado toda decisión a que se complete una operación que se retrasa.