La Fiscalía pide para tres empresarios inmobiliarios un total de casi 16 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública y un delito de insolvencia punible, según el escrito de calificación fiscal al que ha tenido acceso Europa Press.
El juicio tendrá lugar este viernes a las 9.15 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia.
Al administrador único de la empresa inmobiliaria encausada se le acusa de eludir el pago a la Hacienda Pública de 213.057,11 €, correspondiente al IVA del ejercicio 2011. Además, por los ingresos obtenidos ese año la empresa estaba obligada a efectuar la declaración del Impuesto Sobre Sociedades y a ingresar las correspondientes cuotas que ascendían, al menos, a 248.743,13 euros, una declaración que no se realizó. En total, restando las cantidades retenidas a cuenta del pago del impuesto y varios pagos fraccionados, se dejaron de pagar 224.940,55 euros.
En 2012 eludió el pago de 281.997,80 € correspondientes al IVA del ejercicio de ese año, haciendo constar datos distintos de la realidad, no reflejando gran parte del IVA devengado y consignando mayores cuotas de IVA soportado que las reales.
En junio de ese año, para que Hacienda no pudiera cobrar sus créditos, trató de sacar de la sociedad todos los inmuebles de los que era titular (solares y plazas de aparcamiento en Alcantarilla) y que no tenían cargas hipotecarias transmitiendo sus participaciones a los otros dos acusados y a una mercantil en la que participaba solo uno de ellos. Así, la empresa original quedó despatrimonializada de modo que cualquier actuación encaminada al cobro de la deuda tributaria que pudiera realizar la Administración Tributaria resultará, previsiblemente, infructuosa.
Por esto, se establece que la empresa es responsable como autora de todas las infracciones, así como también su antiguo administrador único. Los otros dos acusados son responsables, también como autores, por su cooperación necesaria de delito de insolvencia punible.
Por tanto se pide para la empresa una multa de 600.000 euros por cada uno de los tres delitos contra la Hacienda Pública, así como una inhabilitación para pedir subvenciones, gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad Social por un plazo de cinco años. Y, por el delito de insolvencia punible, una multa diaria de 100 euros durante 3 años.
Al administrador de esta empresa se le solicitan dos años y 6 meses de prisión por cada uno de los tres delitos contra la Hacienda Pública y una multa de 300.000 euros y cinco años de cárcel por el delito de insolvencia punible. Tanto para la empresa como para este acusado se pide una indemnización para Hacienda de algo más de 700.00 euros.
Por otro lado, para los otros dos acusados se pide cuatro años de prisión y una multa de veinte meses con una cuota diaria de diez euros.