Cinco hombres de nacionalidad argelina han ingresado en prisión como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al ser considerados los responsables de patronear pateras y trasladar numerosas personas desde las costas de Argelia hasta el litoral de la Región de Murcia, informa la Policía Nacional.
Los detenidos son parte de la organización y realizan las labores de patrón de embarcación, siendo los responsables de la conducción de las pateras.
Sus detenciones se produjeron cuando agentes especializados de la Policía Nacional recopilaron declaraciones de testigos e indicios necesarios para identificar plenamente a los patrones de las embarcaciones que habían llegado a las costas de la Región de Murcia, pudiendo imputarles un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Las travesías marítimas que realizan estos patrones de embarcación suponen, según la misma fuente, «un verdadero riesgo para la vida e integridad de las personas, al realizarse en embarcaciones muy precarias, sin ninguna medida de protección o seguridad, enfrentándose a condiciones climatológicas adversas y sufriendo los efectos nocivos de la larga exposición al sol y al agua de mar».
Las organizaciones criminales establecen autopistas marítimas para realizar el traslado de ciudadanos extranjeros hasta las costas de nuestro país, señalan desde la autoridad policial.
La intervención humanitaria que realiza la Policía Nacional junto con el resto de organismos, ONG y asociaciones implicadas en la recepciónde inmigrantes, se complementa con una labor coordinada entre diferentes grupos de investigación, con el objetivo de poder determinar la existencia de una organización criminal dedicada al Tráfico de Seres Humanos, añade la fuente.
La actividad de las mafias se ha establecido como una ruta de trata de personas habitual desde Argelia. El itineario del Estrecho ha sido desbancado por las costas de Almería, Región de Murcia y Alicante.
Los cinco patronos ingresaron en prisión provisional y sin fianza, a la espera de la celebración del correspondiente juicio oral, pudiéndose enfrentar a penas de prisión entre 4 y 8 años de privación de libertad.