La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por la empresa de seguridad que se vio afectada por un hacking mediante el cual cientos de personas pudieron tener acceso a las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, instaladas en numerosos hogares, algunas de ellas, de contenido sexual.
El auto de la Audiencia desestima así la apelación de la empresa, que recurrió la puesta en libertad de uno de los investigados, al que se atribuye el facilitar las credenciales que permitieron la captación y difusión de ese material en un grupo de Telegram, que cuenta con más de 230 miembros.
Señaló la recurrente que ese investigado debía volver a prisión, al existir riesgo de fuga y de reiteración delictiva y estar las actuaciones todavía a falta de la práctica de varias pruebas, con una investigación no suficientemente avanzada.
También expuso que existía el peligro de que el excarcelado pudiera destruir pruebas, ya que en los delitos de hacking esa eliminación es muy sencilla.
La Audiencia coincide con el juzgado de Instrucción de Murcia, que acordó la puesta en libertad del investigado en enero pasado en que las circunstancias que existían cuando se acordó su ingreso en prisión, en octubre de 2023, han cambiado sustancialmente.
Y añade que tiene arraigo, trabajo y familia, así como hijos menores que dependen de él, por lo que el riesgo de fuga puede disiparse con la entrega del pasaporte y las personaciones quincenales, medidas que le fueron impuestas al acordar su excarcelación.