El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha aprobado la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2024, que se ha cerrado con un superávit de 1.893.282 euros, consolidando así la estabilidad financiera de la institución y permitiendo seguir realizando inversiones y ampliando servicios sin comprometer el equilibrio económico.
Así se ha dado cuenta en el pleno ordinario del mes de agosto. El resultado presupuestario positivo se suma a otros indicadores que confirman la óptima situación de las cuentas municipales, como son un remanente de tesorería de más de 2,6 millones de euros, y un nivel de deuda del 46,4%, muy por debajo del límite legal del 110%.
El concejal de Hacienda, Pedro Vivancos, ha destacado que este superávit «es fruto de una gestión prudente, eficaz y comprometida con la eficiencia del gasto público, que ha permitido mantener e incluso aumentar la inversión pública, al tiempo que se continúa reduciendo la deuda pública, que tras la legislatura 2007-2011 alcanzó su máximo con casi 40 millones».
La liquidación presupuestaria de 2024 «cumple todas las reglas fiscales -estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto-, reflejando la solvencia técnica y política del equipo de gobierno», ha asegurado.
Asimismo, desde el área de Hacienda se ha subrayado la importancia de que las entidades locales puedan utilizar este superávit en beneficio de los ciudadanos. «Confiamos en que el Gobierno prorrogue la disposición adicional sexta para que podamos dar uso a ese dinero que se ha conseguido gracias a una gestión rigurosa», ha manifestado el concejal de Hacienda, en referencia a la norma que obliga a destinar el superávit al pago de la deuda.
Por su parte, el alcalde Pedro Javier Sánchez ha dejado claro que «se va en la buena dirección, ya que presentar hoy unas cuentas con superávit, menos deuda y más inversión es la mejor prueba de que San Pedro del Pinatar avanza con paso firme».
La aprobación de la liquidación ha sido remitida, tal y como establece la normativa, al Pleno municipal y a los órganos competentes de la Delegación de Hacienda, a la Comunidad y al Ministerio de Hacienda.
Entre otros puntos del orden del día, se aprobó una penalidad a la empresa concesionaria del contrato de residuos sólidos urbanos de 60.000 euros, la máxima que permite la Ley, por incumplimientos contractuales.