Una de cada tres personas que viven de alquiler destinan más del 50% de sus ingresos a pagar la vivienda, un porcentaje que alcanza el 85% en el caso de aquellos inquilinos que destinan más del 30% de sus ingresos a afrontar el alquiler, mientras que el 61% asegura que no logra ahorrar debido a los elevados costes de la renta, según se desprende del informe ‘La vivienda, cimiento de desigualdades’ de Oxfam Intermón.
Según el informe, más de la mitad de los inquilinos (58%) considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro, con solo un 14,4% que se muestra optimista en este aspecto, y la herencia se perfila como un mecanismo cada vez más relevante en el acceso a una casa: el 21,2% de quienes ya tienen casa en propiedad cree probable heredar otra, frente al 11,6% de las personas arrendatarias.
Entre los hogares con hipoteca, la presión también es muy elevada: el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y una de cada cinco, el 50%.
Los datos contrastan con las personas que ya tienen su casa completamente pagada, debido a que en el 60% de los casos sí consiguen ahorrar todos los meses.
El autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón, Alejandro García-Gil, ha avisado de que el acceso a la vivienda es especialmente difícil para quienes pagan una renta de alquiler porque no logran ahorrar para la entrada de una hipoteca, una situación que perpetúa la «trampa del alquiler».
Asimismo, García-Gil ha avisado de que el mayor peso de la herencia como vía de acceso a una vivienda genera una profunda desigualdad que puede provocar en el futuro que quienes ya poseen una vivienda en propiedad tengan la expectativa de heredar más que los no propietarios.
El alquiler penaliza el ahorro
El informe demuestra que el régimen de vivienda es un factor de desigualdad cada vez más determinante, incluso por encima del nivel de ingresos, ya que con el mismo salario, vivir de alquiler penaliza de forma clara la capacidad de ahorro.
La diferencia es especialmente acusada en los tramos salariales más bajos: entre quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), la brecha en la probabilidad de ahorrar supera los 25 puntos porcentuales: el 58,6% de las personas con vivienda pagada logra ahorrar, frente al 32,4% de quienes viven de alquiler.
De hecho, una persona propietaria con ingresos equivalentes al SMI, 1.184 euros en 2025, tiene más probabilidad de ahorrar que una persona inquilina con un salario de 2.000 euros.
De igual manera, una persona inquilina que ingresa 2.000 euros al mes tiene prácticamente la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca que gana 1.500 euros (50,2%).
Los desahucios invisibles afectaros a tres millones de personas
Según el análisis, una de cada tres personas que pagan una renta, unos tres millones, sufrieron el último año «desahucios invisibles»: finalizaciones de contrato o subidas inasumibles que derivan en mudanzas forzosas, con especial impacto entre personas extracomunitarias (37%) y jóvenes menores de 35 años (31,9%).
En el caso de los menores de 35 años, uno de cada dos tuvo que regresar al hogar familiar. Además, el 60% de las mudanzas implicó abandonar el barrio o municipio de referencia, con el consiguiente debilitamiento de redes sociales y comunitarias.
El aumento del coste del alquiler también se traduce en renuncias en las condiciones de vida: el 13% de quienes alquilan comparte su hogar con personas sin parentesco, una proporción que alcanza el 22% entre la población migrante, mientras que en la franja de 25 y 34 años, la cifra llega al 27,7%.
Según se apunta en el estudio, compartir vivienda no es una realidad exclusivamente juvenil, ya que afecta también a una de cada diez personas de entre 35 y 54 años.
Las dificultades también alcanzan los gastos básicos: el 19,2% de la población no pudo afrontar el pago de suministros esenciales en el último año. La carencia energética asciende hasta afectar a casi tres de cada diez personas inquilinas, jóvenes o migrantes. Estas dificultades incluyen mantener el hogar a una temperatura adecuada en invierno o afrontar el pago de electricidad, gas o agua.
Por ello, desde Oxfam Intermón han reclamado una respuesta coordinada entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos y que se proteja a los 60.000 hogares vulnerables que corren el riesgo de ser desahuciados tras el rechazo del ‘escudo social’.
Al mismo tiempo, han planteado reforzar la protección de las personas inquilinas mediante la regulación de los precios y la ampliación de la duración de los contratos.
En paralelo, han pedido frenar prácticas especulativas y avanzar hacia una fiscalidad centrada en el uso de la vivienda, además de ampliar el parque de vivienda pública e impulsar modelos alternativos.
«Es urgente actuar para asegurar que vivir de alquiler sea una opción asequible, digna y estable, que permita desarrollar un proyecto de vida con seguridad. Y que, al mismo tiempo, quien desee acceder a una vivienda en propiedad pueda hacerlo», ha concluido García-Gil.