El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones espera aprobar en las próximas semanas el Real Decreto para la aplicación y desarrollo de la jubilación reversible, anteriormente denominada jubilación flexible, según ha confirmado este martes el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.
«Cumplimos el mandato que teníamos, había un mandato de seis meses para presentar esa propuesta, la compartimos con los interlocutores sociales, iniciamos la tramitación, sacamos el texto a audiencia pública y vamos a seguir con ello para su aprobación en las próximas semanas», señaló Suárez durante la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación correspondientes a agosto.
El borrador normativo fue sometido a audiencia pública a finales de julio. Su finalidad es permitir que una persona jubilada de forma total pueda reincorporarse al mercado laboral sin renunciar a una parte de su pensión, ampliando las fórmulas de compatibilidad entre pensión y trabajo.
Este desarrollo reglamentario se enmarca en el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, en cumplimiento de uno de los compromisos recogidos en el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales suscrito en septiembre de 2024 para reforzar la compatibilidad entre jubilación y actividad profesional.
Respecto al nombre de la figura, Suárez apuntó que el término “jubilación reversible” podría volver a denominarse “jubilación flexible”, dado que “el concepto de reversible parece que no ha gustado mucho”.
El secretario de Estado defendió el potencial de la medida, argumentando que «hay gente que se jubila y que quiere volver a trabajar o que considera dedicar unas horas a realizar una actividad laboral le permite hacer otras cosas y resulta más satisfactorio». Al mismo tiempo, descartó que el regreso al empleo tenga que ver con que la pensión “no da”.
Por otra parte, Suárez informó que el Ministerio tiene previsto retomar en las próximas semanas las reuniones con los representantes de autónomos para negociar los nuevos tramos de cotización para 2026 y años siguientes, después del primer encuentro celebrado en julio, al que no asistió la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA).
El nuevo sistema de cotización por ingresos reales tiene su origen en las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020 y fue recogido en el Plan de Recuperación. Su implantación se aprobó en 2022 tras un acuerdo en el marco del diálogo social, con participación de sindicatos, la patronal y las asociaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae.