La guerra comercial iniciada en abril pasado por Estados Unidos -hasta ahora el gran pilar de la apuesta económica del presidente Donald Trump desde su retorno a la Casa Blanca-, ha deparado un año de incertidumbre para mercados y empresas y dañado el poder adquisitivo de los estadounidenses, lo que ya tiene un coste político para el líder republicano.

Trump, que ya había dedicado parte importante de su primer mandato (2017-2021) a implementar las propuestas proteccionistas del hoy consejero de comercio y manufactura Peter Navarro, anunció el pasado 2 de abril un arancel generalizado del 10% y unos porcentajes adicionales, especialmente copiosos para aquellos países que tenían un gran superávit comercial con EE.UU.

Con el paso de los meses, varias de las mayores economías del mundo, desde Japón a la Unión Europea (UE), lograron acordar marcos con Washington que redujeron esos gravámenes hasta dejarlos lo más cerca posible del 10%, no sin antes realizar importantes concesiones que han contribuido a erosionar unos lazos diplomáticos sobre los que se apoyan buena parte de las relaciones económicas con EE.UU.

Con China, con quien Trump ya mantuvo un conflicto comercial en su primer mandato que quedó parcialmente desactivado con el acuerdo de fase uno de 2020, la situación siguió un derrotero distinto, ya que el 34% de imposición que Washington anunció el 2 de abril fue en seguida replicado por Pekín.

Esto deparó una escalada en la que EE.UU. llegó a implementar hasta un 145% de aranceles sobre bienes chinos importados, mientras que el gigante asiático llegó a situar el gravamen en un 125% sobre importaciones estadounidenses.

A partir de octubre, y tras una esperada reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, la primera y segunda economía mundial alcanzan un acuerdo marco que incluye una tregua arancelaria y que actualmente sitúa el gravamen promedio estadounidense para productos chinos entre el 29 y el 48% y el volumen con el que Pekín grava las mercancías estadounidenses rondando el 30–35%.

La refriega Washington-Pekín está ahora en una fase que se considera «congelada», pero lejos de una resolución y continúa deparando, según organismos internacionales o bancos centrales, menor crecimiento, mayor inflación o configuraciones de las cadenas de suministro global muy ineficientes.

Aranceles como herramienta política

Los argumentos de la Casa Blanca para activar impuestos aduaneros han ido más allá de lo puramente económico y han sido usados abiertamente como herramienta de presión política, desde los impuestos por el tráfico de fentanilo a China, México y Canadá, al 25% adicional con el que EE.UU. castiga a India por comprar crudo ruso o el 40% suplementario que llegó a soportar Brasil como represalia por el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Aunque el reciente acercamiento entre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Trump ha desactivado los castigos arancelarios sobre la mayor economía de Latinoamérica, a nadie se le escapa que el alivio en los gravámenes viene dado también por la persistente inflación que ha provocado en EE.UU. la guerra comercial.

La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo ya sin atisbo de duda que los aranceles están detrás de la subida de precios que en la primera economía mundial se mantiene persistentemente en torno al 3% .

También dijo que ello contribuye a castigar el bolsillo de los estadounidenses, que en varias elecciones a nivel estatal o municipal celebradas desde noviembre ya han penalizado a Trump en las urnas por ello.

Rebajas a socios latinoamericanos

Así, en las últimas semanas, a las rebajas de aranceles al vacuno, el café o las frutas de Brasil, se han unido varios recortes similares a alimentos básicos procedentes de países latinoamericanos considerados políticamente afines por la actual Administración estadounidense, como Argentina, El Salvador, Ecuador o Guatemala.

Todo para intentar contener los precios en la cesta de la compra.

En este tramo final de año, el aumento del coste de la vida se ha convertido en el principal caballo de batalla de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre del año próximo, lo cual pone al Gobierno Trump en una situación delicada en lo que se refiere a su política comercial proteccionista.

A esto se suma un escenario potencialmente caótico en caso de que el Tribunal Supremo considere que la mayor parte de los aranceles que el magnate neoyorquino activó desde su vuelta al poder se implementaron de manera ilegal, lo que obligaría a Washington a devolver a los entes exportadores cantidades que según diferentes estimaciones oscilan entre los 140.000 millones y el billón de dólares.