Las familias que tengan empleadas del hogar dadas de alta en la Seguridad Social deberán disponer, antes de noviembre, de una evaluación de riesgos laborales que garantice el cumplimiento de las nuevas obligaciones aprobadas por el Gobierno el año pasado.
El real decreto que regula la protección de la seguridad y la salud en el trabajo doméstico estableció un plazo de seis meses desde la puesta en marcha de la herramienta oficial para realizar la evaluación. Dicha plataforma, www.prevencion10.es, se habilitó en mayo, por lo que el límite para completar el proceso vence en noviembre de 2025.
El trámite se realiza en línea, accediendo a la opción “prevención en el hogar”, donde se introducen los datos del empleador, las tareas desempeñadas y las condiciones del puesto. La herramienta genera automáticamente un diagnóstico y propone medidas preventivas para eliminar o reducir los riesgos detectados.
Una vez finalizada la evaluación, se descarga un documento denominado “Plan de prevención de riesgos laborales”, que debe estar firmado por ambas partes, persona empleadora y empleada, y disponible para la Inspección de Trabajo. La web también ofrece materiales informativos y un servicio telefónico gratuito (913 634 300), operativo de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas.
Desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que este proceso “no genera cargas económicas” para los empleadores y que supone un paso más para incluir en la prevención a un colectivo altamente feminizado, históricamente fuera del sistema de protección laboral.
En España hay 348.000 mujeres afiliadas en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar, de las cuales el 80% tiene más de 40 años y el 69% es de origen extranjero o tiene doble nacionalidad. Unas 38.000 trabajan como internas y el salario medio ronda los 1.014 euros mensuales, según datos del Ministerio.
No obstante, una cuarta parte del colectivo (115.600 personas) sigue sin estar dada de alta en la Seguridad Social, pese a que la Encuesta de Población Activa (EPA) calcula 463.600 trabajadoras en total, lo que deja fuera de la cobertura legal a más de 100.000 empleadas.