El Ministerio de Trabajo llevará este martes al Consejo de Ministros la tramitación urgente del nuevo registro horario, que será aprobado por Real Decreto, sin necesidad de pasar por el Parlamento. La medida se activa tras el rechazo en el Congreso del proyecto de ley que incluía la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
El departamento que dirige Yolanda Díaz considera que este nuevo sistema de control horario, si es «eficaz», podría incluso reducir más la jornada efectiva de lo que preveía la ley fallida. Según Trabajo, se busca establecer un mecanismo que permita a la Inspección realizar un control masivo y cotidiano del tiempo de trabajo.
El pasado 11 de septiembre, tras el rechazo parlamentario, el Ministerio activó la consulta pública previa del Real Decreto, cuyo plazo para alegaciones finalizó el viernes 27. Tras incorporar las aportaciones, el texto pasará a audiencia pública para ser evaluado por órganos consultivos como el Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos, antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación final y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La norma no incluirá el régimen sancionador que contemplaba el proyecto de ley, que preveía multas de hasta 10.000 euros por trabajador. No obstante, el Ministerio no descarta revisar las sanciones en una fase posterior.
El nuevo registro deberá ser electrónico, permitir la verificación de identidad, identificar interrupciones, y distinguir entre horas ordinarias, extraordinarias y tiempos de disponibilidad. También deberá permitir el acceso remoto e inmediato por parte de la Inspección de Trabajo, los trabajadores y sus representantes.
Además, el reglamento incluirá obligaciones específicas como el control de modificaciones de registros, la entrega periódica de copias a los sindicatos, y mecanismos informáticos que garanticen la autenticidad de los datos, incluyendo el uso de sellos de tiempo.
El objetivo del Ministerio es combatir el fraude de las horas extraordinarias no remuneradas, que en España supera las 2,6 millones por semana, y garantizar el derecho a la desconexión digital. En palabras del propio Ministerio, la norma busca proteger no sólo los aspectos retributivos, sino también las condiciones laborales, la conciliación y la salud de los trabajadores.
Trabajo reconoce que la patronal impugnará el reglamento, como ha hecho con normas anteriores, aunque defiende que la vía del Real Decreto es legal y se justifica como desarrollo reglamentario de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores.