El funcionario que redactó el informe de necesidad sobre el contrato que el Instituto de Turismo de la Región de Murcia adjudicó a empresas de la trama Púnica ha asegurado que se venía estudiando desde hacía tiempo potenciar la promoción regional y ha considerado “adecuado” el precio por el que se contrató el servicio, que suponía un avance novedoso para la Consejería.
Este empleado del Instituto de Turismo ha declarado como testigo este miércoles en la Audiencia Nacional, donde se investiga si el que fuera consejero de Turismo e Industria en 2014, Juan Carlos Ruiz, contrató con empresas del también investigado Alejandro de Pedro, servicios de mejora de su reputación, cargando los costes al organismo público a través de un contrato amañado.
El funcionario, que en el momento en que estalló esta rama murciana de la operación Púnica ocupaba la dirección general de la Oficina de Innovación del Instituto de Turismo, un cargo técnico, ha explicado que fue él la persona encargada de redactar el “informe de necesidad” de ese supuesto concurso fraudulento por encargo de la entonces directora general del instituto, Mariola Martínez, también investigada en la causa.
El encargo se hizo tras una reunión en la que Alejandro de Pedro y uno de los trabajadores de su empresas Eico, Javier Bueno, otro de los investigados en esta pieza, presentaron a Martínez y al secretario general del Instituto, Jesús Galindo, además de al propio funcionario, una propuesta para llevar a cabo un impulso de la promoción turística de la Región de Murcia en el mercado británico.
En esa reunión, ha indicado, no se habló en ningún momento de mejorar la reputación online del entonces consejero, ni tampoco de la creación para ello de un diario digital en Molina de Segura.
En la propuesta de proyecto enviada por la empresa de la trama, según este testigo, se incluían diversos paquetes de servicios, y él mismo descartó llevar a cabo algunas de las iniciativas propuestas, bien porque ya se estaban llevando a cabo o por considerarlas innecesarias.
Finalmente, en el informe de necesidad elaborado para llevar a cabo la licitación del servicio, lo que se requirió fue la creación de “paginas de aterrizaje” para promocionar productos turísticos en el mercado británico con la novedad de que los posibles clientes pudieran contratar los viajes y paquetes turísticos desde la misma web promocional.
Esta era una herramienta novedosa en esos momentos, ha señalado, y en la que ya había interés en implantar antes de mantenerse la reunión con el empresario de la trama, si bien, una vez estalló la operación policial, este asunto no se ha vuelto a retomar ni se ha contratado con otras empresas.
El funcionario no se encargó de la redacción de los pliegos, pero sí fue el que eligió a la empresa Eico como adjudicataria, porque de las tres ofertas presentadas, ha dicho, le pareció que la compañía tenía experiencia y solvencia técnica para llevar a cabo el trabajo y era la oferta más económica en un departamento de la administración en el que había pocos fondos.
El proyecto se adjudicó por 24.000 euros, cuando el precio de licitación, propuesto por él mismo, era de 32.000 euros, por lo que le pareció adecuado, y no le llamó la atención que esta empresa fuera la adjudicataria y a la vez la que había propuesto la idea, porque eran numerosas las compañías que acudían al Instituto de Turismo a ofrecer servicios, como también entraba dentro de la normalidad, por su volumen económico, que el concurso se licitara por el procedimiento de “negociado sin publicidad”, es decir, ofreciendo presentarse a la licitación a varias empresas concretas en lugar de en un concurso abierto a cualquier compañía.
En la sesión de hoy ha declarado también como testigo otra funcionaria, que era técnico de la oficina Jurídico-Económica del Instituto de Turismo en aquel momento y ejercía como secretaria de Jesús Galindo.
Esta mujer fue la encargada de enviar las invitaciones para el concurso a tres empresas, cuyos datos le proporcionó el propio Galindo: Eico, propiedad de Alejandro de Pedro y que fue la adjudicataria, Duravit, propiedad de los hermanos Alonso Conesa, también investigados en esta causa, y Linkatic.
La funcionaria ha dicho que no conocía a ninguna de esas compañías, que no eran habituales en los procesos de contratación del Instituto, y ha manifestado su sorpresa por el hecho de que los plazos de presentación de ofertas fueron muy cortos (solo 4 días frente a los 15 habituales), y porque las tres ofertas fueron presentadas por una persona el mismo día en el registro, cuando lo normal es que cada empresa haga su oferta de forma independiente.