El expresidente murciano del PP Ramón Luis Valcárcel será juzgado a partir de septiembre de 2027 como presunto autor de delitos de malversación, prevaricación y fraude por su participación en la gestión de la construcción y explotación de la desalinizadora de Escombreras, en Cartagena.
La Fiscalía pide para él 11 años de prisión, 20 de inhabilitación total y otros 27 para cargo público, además de una indemnización de más de 74 millones de euros.
La sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia ha fijado el inicio de los 21 días previstos para el juicio oral del conocido como caso La Sal en septiembre (15, 20, 21, 22, 27, 28 y 29), octubre (4, 5, 6, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27) y noviembre (2, 3, 8 y 9), informan fuentes jurídicas.
Está previsto que comparezcan unos 80 testigos, además de diferentes pruebas periciales para aclarar las responsabilidades, de lo que comenzó siendo un proyecto puesto en marcha por cinco empresarios murcianos con el nombre de Hidromanagement.
La investigación principal quiere esclarecer si el Gobierno murciano había decidido previamente asumirlo y adjudicarlo sin publicidad a empresas del Grupo ACS, para lo que firmaron un contrato en 2006.
Se llega a cifrar el valor de la desalinizadora y sus infraestructuras asociadas en 175 millones de euros, pero en la resolución contractual de junio de 2012 se fijaba en más de 600.
Una de las cláusulas del contrato estipulaba que el Gobierno debería abonar el importe total de la construcción, alquiler y explotación de la planta por 25 años en caso de resolución anticipada del contrato, lo que alcanzaría esa cifra mayor.
Por este mismo caso, se juzgará en otra vista oral a otros 17 investigados y 8 empresas, entre ellos, el exconsejero de Agricultura con Valcárcel Antonio Cerdá.
Se quiere aclarar si causaron perjuicio a las arcas públicas regionales, al convertir un proyecto privado para construir la planta en otro sustentado por el Gobierno murciano con la creación del Ente Público del Agua (EPA) y sorteando las leyes de Aguas y de Contratos del Sector Público.
Según el fiscal, el objetivo al crear el EPA era burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos garantizaran el abastecimiento de agua con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, que por entonces rechazaba sistemáticamente estas peticiones por la escasez estructural en la cuenca.
El EPA fue el que emitió esos informes favorables a 26 proyectos que pretendían construir 180 millones de metros cuadrados.
En las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación cerrada en 2017 en la Asamblea Regional de Murcia, la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) consideró a Cerdá y a Valcárcel «líderes» de una «trama» urdida para sortear la Ley de Aguas y permitir el «pelotazo» urbanístico.