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martes, 30 de diciembre de 2025
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Los usuarios de las autopistas de peaje estatales ahorran 155 M€ en 2025 gracias a las bonificaciones

Los usuarios de las autopistas de peaje estatales se han ahorrado 155 millones de euros en 2025 gracias a las bonificaciones establecidas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, lo que ha permitido un ahorro acumulado de 660 millones de euros desde el inicio de la medida en 2018. Este descuento se ha aplicado en varias autopistas de titularidad estatal, como la AP-51, AP-61, AP-7 (Alicante-Cartagena y Málaga-Guadiaro), AP-68, AP-9, y AP-46, entre otras.

Las bonificaciones están basadas en diferentes criterios, tales como el número de trayectos realizados, descuentos por franjas horarias y tarifas reducidas para vehículos ligeros y pesados. Por ejemplo, en algunas autopistas como la AP-71 o la AP-46, los descuentos se aplican proporcionalmente a los trayectos realizados. Las medidas de bonificación se modificaron y ampliaron a partir de 2006 y han seguido creciendo desde 2018, con la aplicación de ayudas temporales para mitigar el impacto de la inflación.

En particular, la AP-9, que conecta varias regiones del norte de España, ha sido una de las más beneficiadas, con un ahorro acumulado de 420 millones de euros desde 2018. Este ahorro se incrementó en 2024 con un aumento del 50% en las bonificaciones, lo que representa una inversión adicional de casi 28 millones de euros anuales desde 2025.

Además, el Gobierno continúa con las subvenciones que buscan mitigar los efectos de la inflación. Estas ayudas, introducidas en 2022, han beneficiado a los usuarios con un ahorro superior a los 78 millones de euros entre 2023 y 2025, a través de la compensación de las subidas de tarifas.

Las bonificaciones también se han aplicado en otras autopistas como la AP-68, con un ahorro de casi 100 millones de euros desde 2018, y en la AP-53, con una ayuda estimada de 2,9 millones de euros desde su entrada en vigor en 2025.

El Ministerio de Transportes estima que para 2026 se destinarán 15 millones de euros en subvenciones, mientras que la compensación a las sociedades concesionaria seguirá siendo parte del sistema de bonificación para asegurar que los descuentos se mantengan en todas las vías afectadas.

La compraventa de viviendas cayó un 1,9% en octubre, hasta las 64.290 unidades, según los notarios

La compraventa de viviendas cayó un 1,9% en octubre, con 64.290 unidades, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 6,7%, hasta las 32.651 operaciones en el décimo mes del año, según datos del Consejo General del Notariado.

Por su parte, el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.921 euros por metro cuadrado, lo que supone un 6,7% más en tasa interanual, con los mayores ascensos en Cantabria (+20,4%), Navarra (+17,2%), Asturias (+16,4%), Comunidad Valenciana (+14,2%) y Castilla la Mancha (+13,4%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos disminuyeron un 4,6% interanual, alcanzando las 47.391 unidades, mientras que las unifamiliares se incrementaron un 6,3% interanual, hasta las 16.899 unidades.

Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 9,4% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.232 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.441 euros, un 4,7% más.

Las compraventas de vivienda cayeron en 10 CC.AA.

La compraventa de viviendas se redujo en diez comunidades autónomas y creció en las siete restantes, con los mayores descensos en Comunidad de Madrid (-13,8%), La Rioja (-12,3%), Islas Baleares (-7,6%), Comunidad Valenciana (-4,0%), Extremadura (-2,9%), Asturias (-2,2%) y Castilla-La Mancha (- 2,0%).

Por el contrario, se registró una evolución positiva en Navarra (+7,6%), País Vasco (+4,7%), Galicia (+2,1%), Andalucía (+2,1%), Castilla y León (+1,9%), Aragón (+0,4%) y Cataluña (+0,1%).

El precio de la vivienda cae solo en la Rioja y Extremadura

En 15 autonomías se registró un encarecimiento en el precio de la vivienda y en las dos restantes disminuyeron, concretamente, se registraron descensos en La Rioja (-20,5%) y Extremadura (-2,2%).

Las mayores subidas se dieron en Cantabria (+20,4%), Navarra (+17,2%), Asturias (+16,4%), Comunidad Valenciana (+14,2%) y Castilla la Mancha (+13,4%).

En el lado contrario, se registraron subidas de un solo dígito en la Región de Murcia (+9,8%), País Vasco (+9,6%), Comunidad de Madrid (+8,7%), Castilla y León (+7,7%), Islas Canarias (+7,3%) y Andalucía (+6,4%).

Aumento de los préstamos hipotecarios

Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 6,7% interanual en España, hasta las 32.651 operaciones, con una cuantía promedio que ascendió un 12,8% interanual, hasta alcanzar los 177.656 euros.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 50,8%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,5% del precio. Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron en 15 autonomías, pero tuvieron descensos en La Rioja (-11,5%) y Navarra (-4,7%).

Además, las autonomías cuyas tasas superaron la media nacional fueron: Islas Baleares (+20,2%), Castilla y León (+13,2%), Galicia (+12,6%), Asturias (+11,9%), Castilla la Mancha (+11,2%), Cataluña (+10,2%), Islas Canarias (+9,8%) y Andalucía (+8,6%).

El número de nuevos préstamos aumentó en menor medida que el promedio en las siete autonomías restantes, destacando Región de Murcia (+6,5%), Comunidad Valenciana (+6,4%), Cantabria (+6%), País Vasco (+2,2%), Extremadura (+0,8%), Aragón (+0,4%) y Comunidad de Madrid (+0,3%).

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, la evolución siguió siendo al alza en la mayoría de las comunidades, ya que creció en 15 de ellas y decreció en las dos restantes.

Destacan los aumentos en Islas Canarias (+37,4%) y Cantabria (+28,7%), mientras que las comunidades con retrocesos fueron Extremadura (-1,6%) y La Rioja (-1,3%).

Los autónomos mantendrán en 2026 cuotas mensuales entre 200 y 590 € según ingresos

Los trabajadores autónomos pagarán en 2026 cuotas mensuales a la Seguridad Social que oscilarán entre 200 y 590 euros, en función de sus rendimientos netos y siempre que coticen por la base mínima, según el sistema de cotización por ingresos reales en vigor desde 2023.

Estas cuotas serán las mismas que en 2025, después de que el Gobierno haya decidido congelarlas de cara al próximo ejercicio mientras continúa la negociación con las organizaciones de autónomos y los agentes sociales. El objetivo es culminar el proceso de transición hacia un sistema plenamente ajustado a los ingresos reales, previsto hasta 2032, con un periodo total de nueve años.

El modelo actual se estructura en 15 tramos de cotización. En 2024, las cuotas vinculadas a la base mínima oscilaron entre 225 y 530 euros mensuales, mientras que en 2025 pasaron a un rango de 200 a 590 euros, importes que se mantendrán también en 2026. Los autónomos pueden modificar su tramo hasta seis veces al año, con cambios bimestrales, para adaptar su cotización a la evolución de su actividad.

Los rendimientos netos se calculan descontando de los ingresos todos los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad. Sobre esa cifra se aplica una deducción adicional por gastos genéricos del 7%, o del 3% en el caso de los autónomos societarios. El resultado determina la base de cotización definitiva y la cuota mensual.

Para 2026, los autónomos con rendimientos netos mensuales de menos de 670 euros hasta 1.700 euros pagarán cuotas de entre 200 y 294 euros, correspondientes a los seis primeros tramos. A partir de ingresos superiores a 1.700 euros, las cuotas subirán desde 350 hasta 590 euros si se cotiza por la base mínima. En el tramo de rendimientos de 3.620 a 4.050 euros, la cuota será de 490 euros mensuales, mientras que en el tramo máximo, para ingresos superiores a 6.000 euros, se mantendrá en 590 euros, lo que supone 60 euros más que en 2024 y 90 euros más que en 2023.

Al cierre del ejercicio fiscal, la Seguridad Social regularizará las cotizaciones en función de los ingresos reales declarados, devolviendo o reclamando cuotas si existe desviación respecto a las previsiones comunicadas. Como consecuencia del nuevo sistema, cualquier persona que haya estado dada de alta como autónoma, incluso un solo día, está obligada a presentar la declaración de la Renta, un requisito que antes solo afectaba a quienes superaban los 1.000 euros de rendimientos netos anuales.

A estas cuotas habrá que añadir en 2026 el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que subirá del 0,8% al 0,9%. Esta sobrecotización, destinada a reforzar el Fondo de Reserva de las pensiones, se aplicará tanto a autónomos como a asalariados, con independencia de su base de cotización o nivel de ingresos.

El salario de los funcionarios se incrementará hasta un 2% el próximo año

El salario de los más de 3,5 millones de trabajadores públicos se revalorizará en un porcentaje fijo del 1,5% este 2026, un incremento salarial que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2026, y que podrá elevarse otro 0,5% si la inflación a final de año iguala o supera la subida fijada para ese año.

Así lo firmaron el Ministerio de Función Pública, UGT y CSIF — CCOO se sumó al acuerdo más tarde — como parte del ‘Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía’, en el que se recoge una revalorización salarial para los funcionarios del 11% para el periodo 2025-2028.

En 2025 se establece para el sector público una subida salarial consolidable del 2,5% respecto al año anterior. Y para 2026, una subida salarial del 1,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

El del 2026 es el único incremento que contará con una parte fija y variable, todos los demás serán exclusivamente fijos. De esta manera, la subida para 2027 será del 4,5% y para 2028 del 2%.

Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años podría llegar al 11,5%.

La subida de 2026 está garantizada después de que en diciembre el Pleno del Congreso convalidara el decreto ley por el que se revaloriza el salario de los funcionarios públicos para 2025 y 2026 con el único voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el apoyo del resto de grupos parlamentarios.

El decreto ley regula exclusivamente aquellos aspectos indispensables para aprobar con efectos de 1 de enero de 2025 el incremento retributivo del personal al servicio del sector público, incluyendo las disposiciones necesarias para que dicho incremento se pueda hacer efectivo en este año, y para aprobar con efectos de 1 de enero de 2026 el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2026.

Las normas que regulan el incremento retributivo contenidas en este Real Decreto-ley son aplicables a todas las Administraciones públicas, es decir tanto al sector público estatal, como también al del sector público autonómico y local. Fruto del mismo, en el sector público estatal el incremento correspondiente a 2025 se hará efectivo en este mes de diciembre, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde enero de este año.

Las Administraciones públicas, por su parte, establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025, en el marco correspondiente de la negociación sindical de cada ámbito de administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en el mes de diciembre de 2025.

Función pública prevé aprobar las 35 horas en el primer trimestre

Además, el Ministerio de Función Pública se ha comprometido en enero a empezar a negociar sobre la implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de que entre en vigor entre los meses de febrero y marzo, según han indicado desde UGT.

Junto a ello, el Gobierno también se ha comprometido a regular el teletrabajo para lo que se ha acordado tratar esta materia en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. Ambas cuestiones forman parte de las medidas pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado en octubre de 2022.

Función Pública también ha constituido la comisión que velará por el cumplimiento de los puntos reflejados en el último Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía con UGT, CSIF y CCOO.

El acuerdo incluye, entre otras cosas, diversas mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios, como la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de las plantillas de atención al público, entre otros aspectos.

Asimismo, se ha pactado adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes, e impulsar procesos exclusivos y diferenciados de promoción interna de cursos selectivos, potenciando los concursos de méritos mediante el establecimiento del concurso abierto y permanente.

El texto del acuerdo incluye además la revisión y elevación, a lo largo de 2026, de los complementos de residencia e insularidad y de las indemnizaciones por razón de servicio, eliminando las desigualdades entre empleados públicos; el refuerzo de las plantillas de atención al público; la actualizarán de permisos y mejoras en materia de conciliación; el refuerzo de la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones; actualizaciones retributivas del personal laboral del exterior; mejoras en materia de jubilación, y el refuerzo de la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).

Las pensiones contributivas subirán un 2,7% en 2026

Las pensiones contributivas y de clases pasivas subirán un 2,7% para 2026 y las pensiones mínimas en más de un 7%, mientras que las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4%, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán un 11,4%.

La subida del 2,7% de las pensiones contributivas y de clases pasivas se debe a la evolución de los precios, pues, en virtud de la reforma de pensiones se toma la inflación media de los últimos doce meses (en este caso diciembre de 2024-noviembre de 2025) para determinar el alza del año siguiente y evitar que pierdan poder adquisitivo.

También se incrementará en 2026 el complemento para la reducción de la brecha de género en un 2,7%. En total, el Gobierno revalorizará para 2026 cerca de 13 millones de pensiones sumando las contributivas y no contributivas, las de clases pasivas, las de hogares que perciben el IMV, y las de quienes tienen reconocida la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%.

Pensiones contributivas y de clases pasivas

Desde el próximo 1 de enero, las pensiones contributivas y de clases pasivas se revalorizarán un 2,7% en función de la fórmula establecida en la reforma de pensiones, que vincula su evolución a los precios. En 2008 estas pensiones subieron un 2,8% porque la inflación media fue mayor, mientras que en 2024 aumentaron un 3,8% y en 2023 lo hicieron en un 8,5%.

El incremento del 2,7% para 2026 beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de a los más de 734.000 perceptores del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuyas pensiones también se revalorizarán un 2,7%.

Según cálculos del Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7% para el próximo año supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en cerca de 500 euros anuales.

Así, un pensionista que perciba una pensión de 1.511,51 al mes (coincidente con la pensión media de jubilación de noviembre de 2025) pasará a recibir en 2026 una pensión de 1.552,32 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 571,35 euros.

Pensiones mínimas y no contributivas

Por su parte, las pensiones mínimas subirán más del 7% en 2026 (+7,07%). No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el IMV.

Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también un 7,07% para 2026, con lo que alcanzarán los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales ascenderá a 13.106,80 euros anuales en 2026, frente a los 12.241,6 euros de 2025, y a 17.592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo, por encima de los 15.786,4 euros de 2025.

Asimismo, la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanzará en 2026 los 5.962,80 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se situará en 8.942,40 euros anuales, un 2,7% más.

Subida de las bases máximas y de la pensión máxima

En virtud de la reforma de pensiones, en 2024 entró en vigor la revalorización anual de las bases máximas en función del IPC. En el caso de las bases máximas, al IPC se le suma un cuantía fija de 1,2 puntos cada año del periodo 2024-2050.

Esto supone que, para el año próximo, la base máxima de cotización subirá un 3,9% (el 2,7% del IPC promedio de los últimos doce meses más un 1,2% adicional), lo que la situará en 5.101,2 euros mensuales.

Al tiempo que aumentará la base máxima de cotización, la pensión máxima se incrementará en 2026 con el IPC más un 0,115% adicional, según determinó la reforma de pensiones. De este modo, con la revalorización del 2,7% del IPC más ese porcentaje adicional, la pensión máxima se situará en 2026 en 3.359,6 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 3.267,6 euros de este año.

En virtud de la reforma de pensiones, el destope de la pensión máxima inicial comenzó a aplicarse en 2025 y consiste en revalorizar la pensión máxima con el IPC más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales cada año hasta 2050, lo que supondrá un incremento aproximado del 3% en ese periodo.

La edad legal para jubilarse con el 100% de la pensión subirá a 66 años y 10 meses

A partir del 1 de enero de 2026, la edad legal de jubilación para acceder al 100% de la pensión se elevará hasta los 66 años y 10 meses, según el calendario establecido en la reforma de pensiones de 2013, que fijó un aumento progresivo desde los 65 hasta los 67 años en un periodo de 15 años.

Esta edad se aplicará a los trabajadores que acrediten menos de 38 años y 3 meses cotizados, frente a los 66 años y 8 meses exigidos en 2025. En cambio, quienes alcancen o superen ese umbral de cotización podrán jubilarse con el 100% de la pensión al cumplir 65 años, sin cambios respecto al ejercicio anterior.

La normativa mantiene sin variaciones el requisito mínimo para acceder a la pensión contributiva de jubilación, que seguirá siendo de al menos 15 años cotizados, con la obligación de que dos años estén comprendidos dentro de los 15 anteriores al momento de la jubilación.

En el caso de la jubilación parcial, cuando no exista contrato de relevo, la edad mínima exigida será la edad ordinaria de jubilación que corresponda en cada situación. Si la empresa formaliza un contrato de relevo, la edad mínima será de 63 años y 10 meses para quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados, o de 62 años si se acreditan al menos 33 años de cotización.

La jubilación anticipada voluntaria permitirá adelantar el retiro hasta 24 meses antes de la edad legal, con un mínimo de 35 años cotizados. En 2026, la edad mínima será de 64 años y 10 meses si no se alcanzan los 38 años y 3 meses, o de 63 años en el caso de carreras laborales más largas. Además, la pensión resultante deberá ser superior a la pensión mínima correspondiente al cumplir 65 años.

Si la jubilación anticipada es involuntaria, el adelanto podrá ser de hasta 48 meses, con edades mínimas de 62 años y 10 meses o 61 años, según el periodo cotizado, y con un mínimo de 33 años de cotización. En ambos casos se aplicarán coeficientes reductores, que oscilan entre el 30% y el 0,50%, en función del anticipo y de la carrera laboral.

Por el contrario, quienes opten por la jubilación demorada recibirán incentivos económicos, ya sea mediante un porcentaje adicional de pensión, un pago único o una fórmula mixta. Tras la reforma en vigor desde abril, a partir del segundo año de demora el incentivo aumenta un 2% por cada periodo superior a seis meses, sin necesidad de esperar a completar un año entero.

Moyca llevara 8.100 tarrinas de uva sin semilla a la Nochevieja del UCAM Murcia y Real Madrid

Moyca, empresa especializada en la producción y comercialización de uva de mesa sin semilla, participará este martes en el partido de baloncesto entre UCAM Murcia y Real Madrid, que se disputará en el Palacio de los Deportes de Murcia, con una acción especial que adelantará simbólicamente la celebración de la Nochevieja para todos los asistentes.

La compañía aportará 8.100 tarrinas especiales de uva sin semilla, que se colocarán previamente en los asientos del pabellón. El público podrá participar en una acción de preuvas que se desarrollará entre el tercer y el último cuarto del encuentro, convirtiendo el tramo final del partido en un momento de celebración colectiva, según informaron fuentes de Portavoz en una nota de prensa.

Asimismo, Uvas Moyca utilizará para esta acción su formato especial de 12 uvas, lanzado recientemente, con el objetivo de facilitar que el público pueda disfrutar de forma cómoda de esta tradición.

«La uva forma parte de nuestra cultura y de nuestros rituales colectivos. Para nosotros, participar en una acción como esta es una forma de acercar nuestro producto a la gente en un contexto diferente, festivo y popular, y de seguir poniendo en valor una uva de calidad, cómoda de consumir y pensada para todos los públicos», señala el CEO de Moyca, Antonio Domene.

Esta iniciativa tendrá continuidad el próximo 31 de diciembre en Totana, municipio en el que se ubica la sede principal de la compañía. Ese día, Moyca adelantará las campanadas de fin de año con una acción de preuvas que se celebrará a las 18.00 horas en la Plaza de la Balsa Vieja, en colaboración con el Ayuntamiento y dentro del programa de actividades navideñas del municipio.

Moyca, con sede en Totana, cuenta con más de 2.300 hectáreas de cultivo repartidas entre la Región de Murcia, Alicante, Granada y Badajoz, y comercializa más de 50 variedades de uva sin semilla en mercados de todo el mundo durante los 365 días del año. Su actividad genera más de 10.000 puestos de trabajo anuales en la Región de Murcia, contribuyendo al desarrollo económico y social del territorio.

La rebaja de los carburantes modera una décima el IPC y cierra el año en el 2,9%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%, debido a la bajada de los precios de los carburantes, según los datos avanzados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este descenso de una décima en el último mes del año, el IPC interanual encadena dos meses de bajadas, después de que en octubre cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Estadística ha explicado que esta evolución es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de diciembre de 2024. También, aunque en menor medida, a los precios de ocio y cultura, que suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

En sentido contrario, han tirado al alza los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios suben más que en diciembre del año pasado.

En 2025, de media, la inflación general cierra el año en el 2,7%. «Esta tasa media es una décima inferior a la del 2024, permitiendo que las familias sigan recuperando poder adquisitivo», ha destacado el Ministerio de Economía.

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en diciembre se mantuvo en el 2,6%.

De confirmarse esta tasa –la misma que la registrada en noviembre–, la inflación subyacente se mantendría en su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó también en el 2,6%.

Con todo, la inflación subyacente media en 2025 baja al 2,3%, frente al 2,9% de 2024, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE), según ha destacado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Los precios aumentan un 0,3% en términos mensuales

De diciembre a noviembre, el IPC subió un 0,3%, una décima más de lo que aumentó el mes anterior.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó dos décimas su tasa interanual en diciembre, hasta el 3%, con una variación mensual del 0,3%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,8% para el último mes del año, según apunta Estadística.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de diciembre el próximo 15 de enero.

CaixaBank Research prevé que el PIB español modere su crecimiento hasta el 2,1% en 2026

La economía española mantendrá un crecimiento superior al de su entorno europeo en 2026, aunque a un ritmo más moderado. CaixaBank Research prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) avance un 2,1%, apoyado principalmente en la demanda interna, la ejecución de los fondos europeos y el comportamiento de sectores como los servicios, la industria y la vivienda.

Según el último informe de la entidad, España cerrará 2025 con un crecimiento del 2,9%, muy por encima de la media de la eurozona, estimada en el 1,3%, lo que la situaría entre las economías con mayor dinamismo, junto a Irlanda.

De cara a 2026, CaixaBank Research señala como uno de los principales motores económicos los fondos Next Generation EU, cuya ejecución podría aportar hasta 0,6 puntos porcentuales al PIB, con una inversión aproximada de 17.500 millones de euros. A este impulso se suma el factor demográfico, con un crecimiento de la población estimado en el 0,8%, vinculado a la inmigración, que contribuiría con 0,5 puntos al avance económico.

Las bajadas de tipos de interés aplicadas en 2024 y 2025 seguirán teniendo efectos positivos sobre la inversión y la actividad, con una aportación adicional de 0,3 puntos, aunque el informe no contempla nuevos recortes durante 2026. La demanda interna seguirá siendo un pilar relevante, con una contribución cercana a una décima del PIB, favorecida por el aumento de la renta bruta de los hogares y el descenso de los precios del petróleo y el gas. Por el contrario, el sector exterior podría mostrar un menor dinamismo, condicionado por la política arancelaria de Estados Unidos.

Manufacturas y vivienda

Por ramas de actividad, el estudio apunta a que los servicios continuarán liderando el crecimiento, aunque con menor intensidad que en 2025. El turismo también avanzará de forma más contenida tras los fuertes crecimientos de ejercicios anteriores, apoyado en una mayor diversificación de la demanda. La industria manufacturera se verá favorecida por unos costes energéticos inferiores a los de otras economías europeas, lo que reforzará su competitividad, mientras que el sector de la vivienda seguirá contribuyendo al crecimiento.

En este ámbito, CaixaBank Research prevé la concesión de cerca de 150.000 visados de obra nueva en 2026, el nivel más elevado desde 2008, aunque insuficiente para absorber la creación de nuevos hogares.

Escenario fiscal

En el plano fiscal, el informe estima que España cerrará 2025 con un déficit público inferior al 3%, con un ajuste que continuará en 2026, en contraste con la situación de otras grandes economías como Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Japón. Aunque la mayor claridad en la política comercial estadounidense ha reducido parte de la incertidumbre reciente, el análisis advierte de riesgos externos persistentes, especialmente por las tensiones comerciales con China.

Abren diligencias por prevaricación contra el Ayuntamiento por el incendio de Atalayas

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El juzgado de instrucción ha decidido abrir diligencias por un posible delito de prevaricación administrativa contra el Ayuntamiento de Murcia tras el trágico incendio ocurrido en octubre de 2023 en las discotecas murcianas Teatre y Fonda Milagros, que resultó en la muerte de 13 personas. Las familias de las víctimas, personadas como acusación particular en el proceso, han confirmado que el juzgado ha adoptado esta decisión, que responde a una solicitud que habían formulado desde las primeras fases del procedimiento.

La magistrada instructora ha acordado la apertura de un procedimiento penal independiente para investigar la presunta prevaricación, al no encontrar conexión directa con el delito de homicidio por imprudencia que se investiga en el caso principal. Según la resolución, se considera necesario abordar por separado la posible responsabilidad administrativa relacionada con el otorgamiento de licencias, así como los controles e inspecciones de seguridad y urbanísticas previas al trágico suceso.

En este sentido, el Ayuntamiento de Murcia será investigado por su actuación en relación con la gestión de licencias y la seguridad de las actividades de las discotecas afectadas, con especial énfasis en los procedimientos administrativos que rodearon la autorización de estas instalaciones.

Asimismo, el juzgado ha decidido prorrogar el plazo máximo de instrucción del caso principal hasta el 1 de abril de 2026, una medida que responde a la complejidad del caso y a la necesidad de realizar varias diligencias pendientes. Las acusaciones y las familias de las víctimas han expresado su preocupación por la duración del proceso, pero han subrayado la importancia de que se esclarezcan todas las responsabilidades, tanto penales como administrativas.