Los fondos de inversión Active, Kibo, Swanlaab, JMEVentures y Bregal Milestone, todos ellos accionistas de la cartagenera Odilo han presentado ante la Fiscalia una denuncia contra la empresa por un presunto delito de falsedad contable y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, según ha adelantado elEconomista y ha podido confirmar esta redacción.
Además, según el escrito presentado por los cinco fondos, que tienen mayoría en el Consejo al controlar el 53% de las acciones, recoge que el informe encargado al bufete Squire Patton Boggs y la consultora Álvarez & Marsal, «la sociedad ha incurrido en una actuación obstaculizadora, que ha impedido el normal desarrollo de la investigación de los hechos denunciados».
Al parecer, «los fundadores de la firma, pertenecientes en todos los casos a la familia Rodríguez, intentaron bloquear la investigación, borrando información y destruyendo incluso pruebas, como la mensajería corporativa».
Odilo, fundada en Cartagena en el año 2011, está considerada uno de los grandes ‘unicornios’ de España e incluso de Europa. Incluso la revista Time la había destacado como una de las líderes internacionales en tecnologías de la educación y la formación. También había sido incluida en el The Next 35, formado por las compañías españolas con más posibilidades de entrar en el futuro en el Ibex 35.
Rodrigo Rodríguez, hasta ahora consejero delegado de la empresa, ha sido apartado de sus funciones, al igual que otros miembros de la familia fundadora y algunos empleados más en puestos de responsabilidad.
Según el documento, «no se han podido encontrar hallazgos relevantes», pero «existen indicios racionales de que podría haberse producido una potencial manipulación en el reconocimiento de ingresos; creación de contratos ficticios; y encubrimiento de irregularidades bajo el ajuste IFRS por parte de la dirección de Odilo […] las declaraciones llevadas a cabo por los entrevistados confirman el núcleo de los hechos contenidos en la denuncia, en tanto revelan el patrón de manipulación de datos y comportamientos irregulares por parte de la sociedad, con el fin de obtener financiación y mostrar una apariencia de la situación financiera de Odilo ante el consejo de administración y los inversores que no se ajusta a la realidad», lo cual ha sido más que suficiente para que los inversores den parte a las autoridades fiscales y aparten a la familia Rodríguez, que conserva el 47% del capital social de la firma, de la dirección de la empresa.
En su última ronda de financiación, Odio obtuvo una valoración de 246 millones de euros y diferentes medios ya la llamaban el Netflix de la Educación. En 2022 cerró el ejercicio con 15,6 millones de euros en ingresos y 2,6 millones en pérdidas. La compañía afirma contar con 170 millones de usuarios en más de 50 países, y sedes en Estados Unidos, Reino, Brasil y varios países más. También afirmaba disponer de más 7.300 proveedores de contenidos digitales educativos.
Los propietarios de la compañía han presentado ellos mismos la denuncia y han anunciado su intención de colaborar con las autoridades para dirigir las miradas hacia los fundadores, a quienes además han apartado de sus puestos de responsabilidad. Los hechos denunciados corresponden sobre todo al año 2023, pero podrían afectar también a ejercicios anteriores. Odilo también ha anunciado que esta situación no afecta al día de día de la empresa ni al funcionamiento de sus servicios.
La empresa cuenta con numerosas subvenciones públicas, sector donde también dispone de numerosos clientes.