El gasóleo agrario ha alcanzado un nuevo máximo del ciclo, con un precio medio ponderado nacional de 1,405 euros por litro el 7 de septiembre, según el último informe semanal del Ministerio de Agricultura. El precio es un 45,6% superior al de la semana del 23 de febrero, antes del conflicto en Oriente Medio, cuando se situaba en 0,96 euros/litro.
“El campo no puede afrontar el nuevo curso agrario con un combustible que se ha disparado un 45% y unas ayudas que no cubren ni la mitad del sobrecoste. El Gobierno tiene que actuar ya, antes de que el problema se convierta en una crisis de producción y de inflación alimentaria”, reclama COAG.
La organización agraria ya ha solicitado una reunión urgente al Ministerio para abordar esta situación crítica y exigir una respuesta inmediata.
Llenar el depósito del tractor cuesta hoy 132 euros más
El impacto es especialmente grave para las explotaciones que usan de materia intensiva más maquinaria. Llenar un depósito de tractor de 300 litros cuesta hoy 421,50 euros, frente a los 289,50 euros del 23 de febrero. Es decir, 132 euros más por depósito, un incremento del 45,6%.
Con la ayuda extraordinaria vigente, el sobrecoste neto soportado por el agricultor sigue siendo de 42,7 céntimos por litro. El tope actual de 20 céntimos deja sin compensar 22,7 céntimos por litro, equivalentes a 68,10 euros por cada depósito de 300 litros.
El problema llega en un momento decisivo para el campo. La siembra de cereal de otoño está a las puertas y los altos precios del combustible ponen en riesgo la rentabilidad de las labores de preparación del terreno y siembra.
Según los resultados provisionales de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) 2025, España cuenta con cerca de 4,93 millones de hectáreas de cereales de grano en secano, sobre un total de 5,746 millones de hectáreas de cereales.
“Estamos hablando de millones de hectáreas y de una campaña que empieza ahora. Si el agricultor no puede asumir el coste de sembrar los tractores se quedarán en las naves y el impacto no se queda en el campo: afecta a la producción de cereal, a la alimentación animal y a toda la cadena agroalimentaria”, ha advertido el secretario general de COAG, Andrés Góngora.
Una ayuda que cubre menos de la mitad del sobrecoste
Desde el 1 de julio, la ayuda extraordinaria aprobada por el Gobierno se calcula sobre el diferencial de precio, con un porcentaje de hasta el 70%, pero con un tope de 0,20 euros/litro. Con el precio del 7 de septiembre, ese límite impide que la ayuda cubra el diferencial real.
Además, la rebaja fiscal del gasóleo B no supone un ahorro de 7,6 céntimos por litro, como podría parecer por la reducción del tipo del Impuesto sobre Hidrocarburos. La devolución prevista en el artículo 52 ter ha quedado en cero euros para el gasóleo comprado en agosto y septiembre, por lo que la carga fiscal neta pasa de 3,300 a 2,100 céntimos por litro: el ahorro efectivo es de 1,2 céntimos.
A todo ello se suma la recuperación del IVA general del 21% desde el 1 de julio, que supone, al precio actual, 12,8 céntimos por litro más que si se aplicara el tipo reducido del 10%.
COAG recuerda que las medidas de apoyo vigentes vencen el 30 de septiembre y que, a día de hoy, no existe una norma de prórroga publicada. Si no se adoptan nuevas medidas, desde el 1 de octubre el desembolso en el surtidor aumentará 9,2 céntimos por litro y dejará de devengarse la ayuda.
“No podemos permitir que las ayudas desaparezcan justo cuando más se necesitan: en plena vendimia, y en las puertas de dos grandes campañas como la recolección de aceituna y siembra de cereal. El Gobierno debe prorrogar las medidas antes de que termine el mes”, subraya Gongora.
Las medidas que COAG exige al Gobierno
Ante esta situación, la organización agraria reclama un prórroga inmediata de la ayuda al gasóleo agrario y de la fiscalidad mínima al 10%, al menos hasta el 31 de diciembre de 2026; la elevación o eliminación del tope de 0,20 euros/litro, para que el 70% previsto en la norma se aplique efectivamente sobre el diferencial real de precio; la aplicación de la ayuda en el momento del suministro, mediante censo y tarjeta de gasóleo profesional agrario con abono mensual automático, replicando el mecanismo del artículo 52 bis y de la Orden HFP/941/2022, en lugar de la devolución posterior sobre el consumo del año anterior; la publicación por la CNMC del informe de márgenes brutos de distribución, con desagregación provincial, en ejercicio de las facultades reforzadas por el RDL 18/2026; así como reforzar el acceso a la financiación, potenciando los préstamos bonificados.
“Los agricultores y ganaderos no pueden seguir financiando una crisis energética que no han provocado. El Gobierno debe garantizar que los agricultores puedan sembrar, producir y mantener la actividad. La reunión con el Ministerio es urgente y no admite más demoras”, concluye COAG.